La gran pregunta que flota en el ambiente es hasta dónde se va a llegar en el asunto de Emilio Lozoya y los múltiples casos de corrupción en los que participó. Sigue emitiendo acusaciones que alcanzarían a numerosos legisladores de diversos partidos, que habrían recibido sobornos para aprobar la reforma energética en 2013. Pero sobre todo, se ha involucrado también a los más altos mandos del gobierno, el secretario de Hacienda Luis Videgaray y el propio presidente Enrique Peña Nieto, algo que no sorprende, pues desde tiempo atrás se asumía que serían el eje de ese desfalco, y la desviación de parte de esos fondos a la campaña presidencial de 2012. Lo que se duda aún es si de verdad habrá la voluntad política y la capacidad jurídica para aplicar las sanciones correspondientes.
Lo cual sin duda sentaría un precedente histórico en el caso de México, uno de los pocos países de América Latina donde jamás se ha llamado a cuentas penales a ningún ex –presidente (salvo, brevemente a Luis Echeverría con arresto domiciliario). La impunidad presidencial fue uno de los ejes claves del régimen de partido hegemónico, y la incipiente democratización no ha logrado removerla, pese a las alternancias de gobierno que se han registrado desde el año 2000. Se asume que el pacto de impunidad practicado por los presidentes priístas se extendió también con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En caso de que ahora uno o varios de los expresidentes fuera llamado a cuentas por corrupción u otras causas legales, se rompería esa nefasta tradición que va de la mano con la rampante corrupción que ha caracterizado a la sociedad y la política mexicana.
Foto: Prensa AMLO
Pero no queda claro que eso vaya a suceder, toda vez que el propio López Obrador, desde meses antes de la elección de 2018, ofreció al gobierno saliente que, de permitirle llegar al poder sin obstrucción, pondría sus ojos en el futuro y no en el pasado. Que le importaba más prevenir la corrupción que castigarla. Algo parecido a lo que finalmente hizo Fox, si bien él no lo anunció públicamente, como sí lo hizo AMLO. Desde luego, por lo visto tal ofrecimiento no incluía a todos los miembros del gobierno de Peña Nieto, sino principalmente a él mismo y quizá a su más cercano colaborador, Videgaray.
De ahí que se haya procedido contra Rosario Robles, quien además tenía cuentas personales con López Obrador (y eso que lo suyo no era la venganza sino la justicia), así como la investigación sobre Emilio Lozoya, que ya había iniciado desde antes. Es lógico suponer que Peña Nieto haya aceptado el pacto de impunidad que le proponía públicamente AMLO una vez que se percató de que su candidato, José Antonio Meade, no superaría el tercer lugar, y que también en virtud del pleito con Ricardo Anaya, éste lo amenazó que de llegar al poder llamaría lo llevaría a la justicia. Peña no tenía nada qué perder y mucho qué ganar con el pacto ofrecido por Andrés Manuel, lo que se reflejó en que el día siguiente a la elección le dejó todo el terreno y el control al ganador de la contienda, para que en la práctica empezara a gobernar.
Sin embargo, nada impide que si AMLO considera que puede beneficiarse política y electoralmente con la prisión de Peña y/o Videgaray, podría hacerlo, pues ese tipo de acuerdos se celebran cuando las circunstancias lo aconsejan pero pueden romperse también cuando así conviene políticamente. De cualquier manera, los procesos judiciales siguen una lógica y un calendario distintos a los del uso político electoral que de ellos suele hacerse. Y entre ambas opciones, todo indica que López Obrador prefiere la rentabilidad política de cara a los comicios de 2021. Ya veremos.
