Una mujer empoderada garantiza mejores condiciones de vida para su familia y su país. El camino para lograr ese empoderamiento es la educación. Entre los múltiples obstáculos para que las niñas y mujeres puedan ejercer su derecho a la educación, obtener un diploma y beneficiarse de su esfuerzo están la pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia a una minoría, la discapacidad, el matrimonio y el embarazo precoces, la violencia de género, así como las actitudes tradicionales que afectan su desarrollo social.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es el organismo especializado que contribuye en la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. La Organización cuenta con 193 Miembros y 11 Asociados. México es miembro fundador.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en su sitio web dedicado a la Misión Permanente de México ante la UNESCO señala, entre otras consideraciones, que: “Desde hace ya 67 años, México ha estado a la vanguardia de las más valiosas iniciativas de la UNESCO, desde los programas de reconstrucción de los sistemas de educación y de alfabetización y de educación para adultos en la postguerra, hasta los de educación destinados a las mujeres…”.
Cabe destacar que, para la UNESCO, la educación e igualdad de género son una prioridad mundial para promocionar este derecho con el propósito de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A través de la Agenda mundial Educación 2030, el organismo reconoce que la igualdad de género requiere un enfoque que “garantice no sólo que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres obtengan acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran las mismas competencias en la educación y mediante ella”.
La UNESCO subraya que en el mundo existen, dependiendo del contexto, desigualdades profundas de género en el acceso, el logro del aprendizaje y la continuación de la educación, siendo las niñas las más desfavorecidas, el número de estas sin escolarizar es mayor que el de los niños —16 millones de mujeres nunca irá a la escuela (Instituto de Estadística de la UNESCO)—. A nivel mundial, las mujeres representan dos tercios de los 750 millones de adultos que carecen de conocimientos básicos de alfabetización.
La situación en México
Berenice P. Ramírez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, advierte que en veinte años (2000 a 2020), el número de mujeres jefas de familia se incrementó de 21% a 33%. Pese a ello, nuestro país tiene una proporción baja de mujeres incluidas entre la Población Económicamente Activa (PEA). La investigadora señala que, ante la ausencia de políticas públicas e instituciones de apoyo (como guarderías o escuelas de tiempo completo), las mujeres mexicanas se incorporan al mercado laboral después de los 30 años, generalmente en el sector informal (cuando ya han cubierto su ciclo reproductivo o se encuentran en ese proceso), ante la necesidad de horarios flexibles para el cuidado de los hijos, aunque lo salarios sean bajos.
Hasta aquí, es importante destacar el papel de la educación para el desarrollo de las sociedades, y la importancia de las decisiones del gobierno como impulsor de políticas, programas y estrategias transversales que involucren a la sociedad en su conjunto. El componente educativo, sin duda, sigue siendo el camino para la transformación social que contribuye al allanamiento de los obstáculos que impiden a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos y los de sus familias.
En días recientes, el gobierno federal anunció la cancelación del programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) de la Secretaría de Educación Pública (encabezada por una mujer), que operaba en 25 mil 134 planteles de educación básica de todo el país, decisión que afectó a más de 3.6 millones de niños y adolescentes. Un claro atentado, principalmente, contra las madres trabajadoras que tenían en el programa un apoyo en su búsqueda de mejores condiciones de vida.
El PETC tenía como objetivo contribuir a mejorar el rendimiento de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, ampliando el número de horas que los niños y jóvenes asistían a la escuela; daba cursos de capacitación para el personal directivo, docente y de apoyo; proveía material didáctico y equipo informático para uso educativo a las escuelas; otorgaba recursos para el acondicionamiento y equipamiento de espacios escolares; daba seguimiento, acompañamiento y asesoría a las escuelas de tiempo completo; además, apoyaba para servicios e insumos para la alimentación de alumnos y docentes.
El programa actuaba en las escuelas públicas de educación básica participantes por decisión, preferentemente las urbanas de organización completa; también las que ya operaban en horario ampliado, y las que presentaban bajos resultados educativos; así como las escuelas públicas de educación básica localizadas en contextos rurales, indígenas o migrantes.
El argumento del presidente López Obrador para la desaparición de las escuelas de tiempo completo es que: “Ese programa se manejaba con mucha intermediación”. El titular del Ejecutivo dijo que los recursos que se destinaban al programa se entregarán ahora de manera directa a la sociedad de padres de familia y ellos decidirán la forma de emplearlos. Bajo el mismo argumento, el gobierno también canceló el Programa de Estancias infantiles y el Seguro de Vida para Jefas de Familia. Esto significa un retroceso en los derechos conquistados por las propias mujeres. La decisión es misógina: las mujeres quieren dejar de ser clientela política, ser productivas y empoderarse.
Hasta el momento, algunas entidades se han manifestado en favor de dar continuidad al PETC, otras declinaron mantenerlo en operación o dicen que echarán a andar su propio programa. Cada una de las entidades, sin la rectoría que compete a la federación, hará lo que esté en sus manos, bajo sus propias consideraciones. Niños y jóvenes, hombres y mujeres, que dejarán de ser beneficiarios, permanecerán varias horas del día sin la supervisión de sus padres, a merced de los grupos criminales.
Al trasladar sus responsabilidades a las familias, el Estado se deslinda de ellas. En cumplimiento de una estrategia clientelar y amañada, el gobierno federal está evadiendo sus obligaciones, de nueva cuenta, enmascarado en una estrategia oscura; peor aún, sin calcular las repercusiones, en el corto y largo plazo, que sus acciones tendrán en la vida de las mujeres y sus familias, y para la sociedad mexicana.
