Cinque Terre

Julián Andrade

Escritor y periodista.

La campaña que no ven los magistrados

Las elecciones se deben cuidar. El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen un papel central en ello, además por supuesto de los partidos, candidatos y actores relevantes.

Las conferencias que todas las mañanas se realizan en Palacio Nacional eran un desafío para el modelo de comunicación, porque este prohíbe que los funcionarios hablen de elecciones y manifiesten preferencias o rechazos por alguna fuerza política.

El riesgo de que la veda electoral no se respetara era muy alto y ganaron las probabilidades.

El INE intentó prevenir lo que ocurriría, haciendo un llamado al presidente López Obrador, el 12 de abril, para que se abstuviera de tratar temas electorales (tutela preventiva). En el TEPJF rechazaron la petición, con el argumento de que no se pueden decretar medidas cautelares “ante hechos futuros de realización incierta” y además sosteniendo que las arengas mañaneras están enmarcadas en la libertad de expresión.

El 30 de marzo, el presidente López Obrador celebró una especie de informe, no estipulado en la ley, para hacer un balance sobre los 100 días del Tercer año de Gobierno. La Sala Regional Especializada del TEPJF no vio en ello promoción personalizada alguna, ni uso de recursos públicos con fines propagandísticos y mucho menos infracciones a la legalidad. Es extraña la óptica desde donde valoran este tipo de situaciones.

La Sala Regional Especializada es el único lugar en México donde no se han visto evidencias sobre las transgresiones a los artículos 41 y 134 de la Constitución, que son los que prevén que no se difunda propaganda gubernamental en el periodo de las campañas.

En cada caso tratado, no han encontrado violación alguna a la imparcialidad y neutralidad con que deben actuar los servidores públicos y en este caso el titular del poder ejecutivo. Los magistrados sostienen que los ataques, condenas y descalificaciones a los opositores se dan de modo espontáneo y natural durante las conferencias y por ello gozan de la presunción de licitud.

Hay que señalar, sin embrago, que la magistrada Gabriela Villafuerte Coello se apartó de semejantes criterios, emitiendo votos particulares que, con el tiempo, tendrán que ser valorados en su justa dimensión.

El modelo de comunicación política estalló por los aires. Hay que reconocerlo. El presidente López Obrador no lo respeta, está en campaña, y al parecer la autoridad jurisdiccional no hará nada al respecto. Esto es grave porque pone en riesgo a la elección misma, pero sobre todo muestra como las leyes pueden incumplirse cuando existe una cálculo de supuesta ganancia política en el horizonte.

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