Bajo la lógica de lo que ha vivido durante muchos años López Obrador, tiene sentido y compromiso que se oponga o que se señale cualquier tipo de protesta o manifestación.
Ha vivido directamente muchos de los problemas que padecen grupos que encuentran en la protesta y manifestación una forma de hacerse valer y denunciar. Las calles desde siempre han sido el centro de la acción política, ganarla es estar ante la sociedad para acudir a ella esperando su solidaridad, y ante la autoridad, buscando que haga acuse de recibo y atienda sus demandas.
La calle es básica. Después del movimiento estudiantil del 68 poco o nada pasó en ellas. Nadie se atrevía a manifestarse por temor a que se repitieran escenas brutales y represoras como las del 2 de octubre.
Entre que había una desmovilización de estudiantes, a lo que se sumó el temor también de los trabajadores de salir a la calle, y que se seguía sufriendo y tratando de entender lo que había pasado, las calles sirvieron para dar pie al nuevo régimen encabezado por Luis Echeverría, hoy de alguna manera recordado y mentado.
La primera gran manifestación después del 68 fue el 10 de junio en 1971. Una de las consignas centrales tenía que ver con el valor de volver a ganar la calle: “no que no, sí que sí, ya volvimos a salir”.
Esta vieja consigna de lucha social era y es una respuesta ante la represión. Hemos visto innumerables pasajes de ello. La calle sigue siendo el espacio de libertad. Sin embargo, las cosas han ido adquiriendo diversas dimensiones en los últimos años.
En la medida en que se va ensanchando la democracia, se presume que la calle puede adquirir otra dimensión. Las sociedades son por definición cambiantes y nunca dejan de tener a las calles como uno de sus centros de acción política.
Una de las democracias más consolidadas como la francesa está viviendo estos días una movilización que ejemplifica el valor de las calles, del tiempo y el espacio con el caso de los chalecos amarillos.
La clave en todo está en cómo se pueden ir resolviendo muchos de los problemas que encuentran en las calles los espacios para que las autoridades, al menos, volteen su mirada. Para los ciudadanos y vecinos la cuestión está en que si no lo hacen de esta manera pueden pasarse meses de ventanilla en ventanilla, en el mejor de los casos, para ver si les resuelven sus problemas.
La hacinación en las grandes ciudades, la capital es un claro ejemplo de ello, provoca que cualquier tipo de manifestación repercuta seriamente en la colectividad. El impacto entre los ciudadanos ante este tipo de eventos es cada vez mayor, y por obvias razones cada vez hay menos paciencia ante ellos.
Lo que también ha venido pasando es que al amparo de genuinos movimientos ciudadanos, han surgido movilizaciones a las que la autoridad les toma distancia sin importar lo que buscan y provocan.
Se pueden tomar carreteras y casetas y las autoridades no hacen nada. A cualquier pequeño grupo con ganas de hacerse de dinero se le puede ocurrir ir a una caseta, más allá de cerrarla, pedir una “cuota voluntaria” y llevarse un dinero en medio de la total impunidad.
Tiene sentido el cuidado en que insiste el Presidente. El problema es que cada vez son más los casos, y que algunos le han tomado la medida a la autoridad. El panorama no deja de ser inquietante, para decir lo menos, para la gran mayoría de los ciudadanos.
Lo que nos puede hacer diferentes, en medio del proceso de reeducación en el que con razón tanto se empeña el Presidente, tiene en la aplicación del Estado de derecho una auténtica y legítima alternativa.
No se trata de reprimir por ningún motivo. Se trata de derechos y obligaciones, se trata también de que el gobierno revise sus mecanismos para atender y resolver este tipo de situaciones. Se trata de gobernar.
RESQUICIOS.
Alan García tenía una historia cargada de cuestionamientos, como algunos en nuestro país, sobre el caso Odebrecht, no aguantó más, ayer se suicidó.
Este artículo fue publicado en La Razón el 18 de abril de 2019, agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
