“Pinche gordo puto” o “Sóbenle la panza al Buda” oía yo de tanto en tanto por los pasillos. Perfeccioné una técnica: el paso mesurado, el gesto neutro, la afectación de sordera; iba a lo mío. Como si los bullies no existieran, caminaba impasible hacia mis amigos –con los que compartía el recreo en una banca a la salida de la sala de profesores– para ahí fraguar lo que debíamos: el trabajo en equipo, la obra de teatro, la fiesta de generación. Así hasta que terminó la secundaria. Era una estrategia de supervivencia, cuyo objetivo era ganar tiempo. (Y, en efecto, para cuando llegamos a la prepa, muchos de mis verdugos habían reprobado o sido expulsados, mientras yo había aprendido a hacerme respetar.)
El recuerdo de adolescencia me lo trajeron a la mente los gobernadores de la Alianza Federalista, que atraviesan por situación no demasiado distinta de la de un puñado de buenos chicos enfrentados a un bully no sólo pertinaz sino poderosísimo, y que han reacccionado justo como quiere el fanfarrón: cayendo en su provocación al retintín insulso y la violencia tramposa, enzarzados en un pleito que no tienen manera de ganar.
El presidente López Obrador es un bully: uno que se afana en concentrar la mayor parte de las canicas (presupuestales) para jugar con ellas a su antojo, uno que profiere insultos a gritos desde el patio común que usa como particular, uno que acusa y abusa, escudado en el halo protector que le brinda su popularidad.
En respuesta, los gobernadores de oposición pergeñaron un texto sobrio y encomiable, republicano, denuncia sólida de “los irreflexivos recortes al gasto federalizado, la apropiación de los recursos de 109 fideicomisos y la falta de previsiones y acciones sustanciales en el manejo de la pandemia por Covid-19 a nivel federal”, admonición especialmente pertinente de cara a la intentona en curso del Ejecutivo y su mayoría legislativa de desmantelar el Fondo de Salud para sumarlo a la bolsa discrecional de un presidente empeñado en el rédito electoral del gasto social. Lo que es más, lo presentaron en sendos actos públicos en sus estados, con gran eco en la opinión pública.
Hasta ahí, muy bien. ¿A qué entonces, declarar un gobernador que, de no escuchar el presidente sus reclamos, “ocasionará el primer rompimiento que va a terminar con esta República”? ¿A qué otro advertir que, de no haber diálogo, “se marcará el inicio del rompimiento del pacto federal” y otro más que “nuestra lucha podrá ser el inicio del rompimiento del pacto federal, con graves consecuencias para el país”. ¿Pueden los estados de la República separarse de la federación? No sin una guerra civil o, al menos, una reforma constitucional que a nadie haría bien (y que, de todos modos, la oposición no tiene músculo legislativo para propiciar).
Peor: al día siguiente, en su púlpito de bully, el presidente se niega a dialogar con los gobernadores, les revira que “si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan”, es decir que los provoca a una de las consultas que acostumbra, simbólica, propagandística, paralegal. Como escolares en patio, seis de ellos caen en la provocación de hacerla en Twitter –gesto vacuo y simbólico pero preocupante por desestabilizador de los mecanismos institucionales–, y uno llega incluso a anunciar que “le toma la palabra” y que su gobierno la organizará.
¿Con qué recursos se financiarán esas consultas? ¿Es prudente distraerlos cuando el país vive una emergencia sanitaria? ¿Y luego? ¿Promoverá la Alianza Federalista una reforma constitucional indeseable e inviable? ¿Alentará la secesión violenta de sus estados? ¿O todo quedará en una bravuconada en respuesta a otra?
Mejor sentarse en la banca y organizarse, esperar a que el bully se desgaste en aspavientos y su público se canse de festejárselos a fuerza de verse victimizado. Mejor prepararse para una pelea que si es posible ganar. Decirle “Nos vemos a la salida”. Enfilar hacia el 2021.
