viernes 29 marzo 2024

Cada precio por su propio carril

por Ricardo Becerra Laguna

Imagine el lector una carrera atlética en una pista olímpica, con sus carriles bien pintados y claramente separados, en donde se desplazarán distintos precios importantes (adeudos, multas, pensiones, etcétera). Imagine que en esa competencia ocurre un fenómeno extraño: uno de los corredores enlaza sus brazos con los dos de junto —a la derecha y a la izquierda— para que corran a su mismo ritmo. El ejemplo es tan poderoso que se inventan reglas para que los demás contendientes se entrelacen y lo que tenemos entonces es una carrera donde todos se dedican a correr a la misma velocidad, en un compás controlado por uno de los atletas (el más famélico): el salario mínimo.

Si usted —dados los mecanismos del autoritarismo presidencial mexicano— logra hacer esto, lo que tendrá al final es un eficaz método para ralentizar el avance de precios, o sea, contener la inflación. ¡Bravo! Uno de los mejores trucos de las políticas de ajuste y estabilización (neoliberales) en los ochenta y noventa.

El problema es que esa manera de contener la inflación se volvió sinónimo de contención de los salarios mínimos (mientras más lento andaban, más lento caminaban otros muchos precios)… y al cabo, el ingreso de los trabajadores cayó. En México la cosa llegó al paroxismo. No decenas, no centenas, sino miles de precios públicos, contractuales y privados en todos los niveles, se entrelazaron al salario mínimo y la treta se naturalizó, se consideró “normal”. Calcular o cobrar en “veces salarios mínimo” fue una fórmula corriente de nuestra vida cotidiana. Pero a la vuelta de 2015 y 2016, mediante una reforma constitucional, las cosas cambiaron para bien. Tratemos de explicarlo.

¿Por qué el salario mínimo se desvinculó de cualquier otro precio, tarifa, multa o factor económico en Mexico? Para que el ingreso actual de los trabajadores más pobres pudiera subir sin ataduras. Y es que el salario mínimo había sido hundido a regiones abisales y el poder de compra de aquellos trabajadores llegó hasta niveles no vistos desde el Porfiriato (no exagero). En 2017 devengaban la cuarta parte de lo que ganaban en 1978. Y peor: como cualquier otro precio fundamental, cada año “lanzaba una señal” que era el punto de partida de un montón de negociaciones salariales que empezaban sobre una base raquítica de 3 o 4 por ciento (como el decreto de los salarios mínimos).

¿Cómo se hizo? Como en Uruguay: desatando, “desindexando”, desvinculando para que sus aumentos fueran producto de su propia lógica, para que atendiera las necesidades propias de los trabajadores más débiles. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económica realizaron una investigación solicitada por la Cámara de Diputados y concluyeron que la manera más efectiva y expedita de deshacer esa injusticia era una reforma constitucional que prohibiera el uso del salario mínimo para ninguna otra cosa que no fuera la búsqueda del bienestar de ese segmento laboral (aquí puede leerse (http://tinyurl.com/y6gv6697).

¿Y qué hacer con todos los demás precios y cálculos que incluían al salario mínimo en su ecuación? La reforma constitucional lo prevé: en cualquier ley o reglamento, allí y donde dice “salario mínimo” sustitúyase por “Unidad de Medida y Actualización” (UMA), cuyo valor inicial fue el que abandonó el salario mínimo en diciembre de 2015 más la inflación. La reforma señala además: la UMA se incrementará anualmente conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor que calcula el INEGI.

Nótese un detalle: durante décadas, el mínimo y todos los precios asociados artificialmente a él se incrementaban con desesperante lentitud. Nadie dijo pío. Pero ahora, cuando el camino para el incremento de esos salarios se despejó y por fin dio un buen salto, muchos quieren seguir su camino. Pero el secreto ya no está allí, sino en saber utilizar la UMA.

¿Cómo usar el nuevo factor? No es un fetiche ni un tabú. Si los señores diputados o sus señorías los senadores están preocupados por los créditos del Infonavit o por las pensiones, sólo tienen que reformar las leyes —como les obliga la Constitución— y frasear: tal monto, prestación o precio (por ejemplo las becas) se multiplicará por 1.2 UMAs o por 1.5 UMAs o 2 UMA, para que asciendan a un ritmo mayor que el ritmo de la inflación. Así de sencillo.

Legisladores que subieron a tribuna el pasado jueves para pedir “urgentemente” volver a amarrar el salario mínimo: favor de leer la reforma constitucional, un poco de imaginación, cumplir con la Constitución y utilizar la UMA como lo que es, una unidad de medida económica.

Cosa de acostumbrarse, para no dar al traste, no arruinar, la única decisión de política económica diferente instrumentada en los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.


Este artículo fue publicado en La Crónica de Hoy el 3 de marzo de 2019, agradecemos a Ricardo Becerra su autorización para publicarlo en nuestra página.

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