La vida de los periodistas, los buenos, nunca ha sido sencilla. Hace 35 años asesinaron a Manuel Buendía.
Aquel suceso conmovió a la opinión pública e hizo reaccionar al gremio como en pocas ocasiones, acaso intuyendo que los cuatro balazos que a quemarropa le propinaron al autor de “Red Privada”, la columna que se publicaba de lunes a viernes en Excélsior, pegaban también en el corazón de libertad de expresión.
Porque, en efecto, a Buendía lo mató un agente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la corporación policial que dependía de la Secretaría de Gobernación. José Luis Ochoa “El Chocorrol” jaló el gatillo y murió, también asesinado, 41 días después que su víctima.
Un comité de periodistas, encabezado por Miguel Ángel Granados Chapa, presionó para que se investigara el caso y, sobre todo, para que no quedara en la impunidad.
La respuesta del gobierno fue, al principio, de pasmo, y posteriormente de descalificación a las hipótesis más sólidas. Policías encargados de las indagatorias sostuvieron, durante meses y años, que el asesino no era un profesional, porque no disparó a la cabeza y porque perpetró su crimen en plena Zona Rosa y a la luz del día.
Por instrucciones del presidente Miguel de la Madrid se nombró fiscal del caso a Miguel Ángel García Domínguez.
Fue ya en el mandato de Carlos Salinas de Gortari y siendo procurador de Justicia del Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga, cuando se detuvo José Antonio Zorrilla Pérez, quien había fungido como titular de la DFS.
Las autoridades demoraron 5 años en llegar al fondo del asunto, pero había motivos para ello, ya que desde los primeros minutos del crimen, Zorrilla Pérez desplegó toda una labor de encubrimiento, asegurando la oficina del columnista, donde revisó los archivos y desviando la atención hacia otros probables sospechosos.
Inclusive, el entonces jefe policiaco, acudió al velorio de “su amigo” y se mostró consternado.
Aquello resultó un escándalo, y de grandes proporciones, porque se comprobó que la instrucción de matar al periodista provino desde el poder y nada menos que ordenado por el responsable de la policía política. Granados Chapa escribió “Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México”, donde prueba y deja constancia de las redes criminales coludidas o comandadas por servidores públicos.
Junto con Zorrilla fueron también detenidos los comandantes de la DFS, entre ellos Rafael Moro Ávila, quien condujo la motocicleta que sacó al asesino material del lugar de los hechos.
Tres décadas y un lustro nos enseñan que la situación no mejoró e inclusive empeoró. El crimen organizado, en diversas regiones del país se convirtió en un obstáculo para la libertad periodística.
El ambiente respecto a la prensa es hostil como en pocas ocasiones de nuestra historias. El ejemplo de Buendía funciona para establecer con claridad que la búsqueda de la verdad es incontenible y que los reporteros con vocación siempre encuentran la forma de seguir contando historias.
