Cinque Terre

Rafael Hernández Estrada

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Fundador y consejero nacional del PRD, fue su diputados federal y representante electoral. Se desempeña como asesor parlamentario y analista político.

Bancarización del clientelismo electoral

La versión industrial del clientelismo electoral, que será el legado del gobierno de la 4T a la historia de la antipolítica, incluye la bancarización de las entregas de subsidios a los beneficiarios de los programas sociales. Es el motivo de la invención del Banco del Bienestar, pero su fracaso representa un doble golpe a las finanzas públicas: por un lado, es fallida la inversión multimillonaria para construir y equipar muchas de las sucursales en medio de la nada y, por otro, el gobierno debe pagar miles de millones de pesos a la banca privada por el manejo de las cuentas y los depósitos bancarios de los beneficiarios.

Aun la narrativa optimista del gobierno reconoce el fracaso del Banco del Bienestar: el presidente afirmó el 3 de febrero que, para finales de este año, el número de sucursales alcanzará las 2 mil 700, apenas la quinta parte de las 13 mil inicialmente planeadas. En realidad, sólo funcionan 433 en todo el país, buena parte de las cuales eran sucursales del desaparecido Banco del Ahorro Nacional.

Las pocas veces que se han hecho públicos los detalles de los padrones de beneficiarios de los programas sociales ocasionaron escándalos por las inconsistencias que contienen, como fueron los casos de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y las ya suprimidas Tandas del Bienestar. Es por eso que, en la actualidad, tales instrumentos se mantienen ilegalmente ocultos bajo siete llaves. Sin embargo, con base en información oficial, es posible acercarse al menos a la estadística de dichos registros. El Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Bienestar, publicado en septiembre de 2021, afirma que en el actual sexenio un total de 28.5 millones de personas han sido o son beneficiarias de los programas sociales del gobierno federal. Se debe aclarar que se trata de una información acumulada, es decir, esa cantidad de personas ha recibido apoyos al menos alguna vez durante los primeros tres años de gobierno. Según dicho Informe, 18.3 millones de beneficiarios, el 64 por ciento del total, reciben mediante pagos bancarios periódicos sus pensiones, becas o demás subsidios. Este dato permite identificar el gasto con cargo al erario por estas operaciones, pues como el Banco del Bienestar no funciona, el gobierno recurre a los servicios de los bancos privados, lo que significa un jugoso negocio para los dueños de Banco Azteca, Banca Afirme y Banorte, que son Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca), Javier Villarreal (Grupo Villacero) y Carlos Hank González (Grupo Caliente), respectivamente.

Para no variar, los contratos que el gobierno suscribió con dichos bancos se otorgaron por adjudicación directa y sin licitación pública (¡qué casualidad!). Una versión censurada de los mismos, a la que se tuvo acceso, fue publicada en la segunda edición de mi libro sobre los llamados Servidores de la Nación (aparecida en 2021). De ella se desprende que los bancos cobran 10 pesos más IVA por la expedición de cada tarjeta bancaria, lo que implica un primer ingreso de 214.6 millones de pesos sólo por ese concepto. Además, los contratos dan cuenta de que los bancos cobran otros 100 pesos por la reposición de las tarjetas que se extravíen o dañen. Pero no son sus únicos ingresos en este negocio.

Dado que se ha ocultado el monto de la contraprestación de los bancos, se pueden trazar dos escenarios posibles: la actual titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, declaró a la prensa que el gobierno pagaba mensualmente 5 pesos más IVA por manejar la cuenta de cada uno de los beneficiarios, lo que multiplicado por el total de éstos implica un ingreso para los bancos por 107.3 millones de pesos al mes, o sea, 1 mil 300 millones de pesos anuales. El otro escenario se configura si se toma en cuenta el contrato mediante el cual las empresas de Ricardo Salinas Pliego dispersaron los recursos del Fideicomiso de Transición 2018, en el que se estipuló un costo de 13.50 pesos por cada envío, lo que elevaría hasta los 3 mil millones de pesos la estimación del gasto anual por el manejo y administración de las cuentas bancarias en las que se depositan los apoyos.

El gobierno transparentaría este gasto si publicara íntegramente los contratos, como es su deber. De cualquier modo, por la información que se conoce, el fracaso del Banco del Bienestar y la participación de los banqueros consentidos del gobierno en la política social de la 4T arroja pingües ganancias a éstos, además de que decenas de millones de personas fueron convertidas en su clientela cautiva porque son forzadas a concurrir periódicamente a sus instalaciones.

Cincelada: el INE ordenó a López Obrador cesar la ilegal campaña de promoción para su “ratificación”. Es muy clara la Constitución, pero lo que no es tan claro es que esta orden se acate.

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