La Secretaría de la Defensa Nacional informa que el nuevo transporte aéreo presidencial está terminando su acondicionamiento en la Base Aérea de Santa Lucía, a donde llegó desde hace un año. El nuevo TP será entregado el 18 de diciembre próximo, con un año y medio de retraso por cuestión de usos y costumbres.
El Boeing 787 Dreamliner es capaz de realizar viajes trasatlánticos sin hacer escalas (por fin), puede transportar entre 210 y 250 pasajeros según se configure, utiliza 20 por ciento menos combustible que cualquier otro avión de su tamaño y alcanza una velocidad crucero de Mach 0.85 (912 Km/hr). Sustituirá al vetusto TP01 actual, un Boeing 757 en servicio desde 1987 y con capacidad para 66 pasajeros.
Según la SHCP, el avión costará mil 197.8 millones de pesos, 637.1 mdp por el aparato y 560.7 millones más del equipamiento. Se amortizará con cuotas anuales de 500 millones por arrendamiento financiero de Banobras, las cuales comenzaron a pagarse desde 2012, al final de la administración de Felipe Calderón, con José Antonio Meade entonces al frente de la SHCP.
Los pagos finalizarán en 2027 y simultáneamente se deberán cubrir 45 millones de pesos cada año por concepto de mantenimiento y operación. Total, 6 mil 769 mdp será lo erogado en 15 años de arrendamiento por el nuevo avión presidencial.
Invocando austeridad y congruencia urgente, valdría la pena saber cuánto del equipamiento es indispensable y qué tanto es suntuoso. Sin regatear la seguridad ni la operatividad presidencial. Un transporte moderno, seguro y eficiente es necesario, uno lujoso no.
La prima, la cantina y la botana. Carolina Monroy del Mazo es diputada federal priista, de Atlacomulco, estado de poder, secretaria general de su partido, esposa de Ernesto Nemer —subsecretario de Sedesol, mexiquense también—, prima de Alfredo del Mazo —también diputado– y del Presidente Enrique Peña Nieto.
Carolina Monroy ha promovido un punto de acuerdo, uno más que busca establecer un Código de Ética y Conducta Parlamentaria. Dice para hacer más eficiente el trabajo legislativo y reforzar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en nuestros representantes federales. Noble motivo, difícil objetivo.
Y es que nuestros diputados federales cuentan con servicio de bar en los dos restaurantes all inclusive de los que disponen para hacer más llevadera su ardua responsabilidad. La idea de cancelar la venta de alcohol en San Lázaro no es nueva, han pasado 30 iniciativas similares que han sido botana, broma, nada.
Carolina Monroy es, por linaje, aspirante a suceder a Eruviel Ávila en 2017; la diputada apunta la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad como sustento indispensable para la reconstrucción del tejido social. Tiene razón. Habremos de ver el destino de su propuesta. Pero, por el amor a lo fatuo de nuestra clase política, se impone el escepticismo.
Este artículo fue publicado en La Razón el 15 de Octubre de 2015, agradecemos a Carlos Urdiales su autorización para publicarlo en nuestra página
