Cinque Terre

Óscar Constantino Gutierrez

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Doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y catedrático universitario. Consultor en políticas públicas, contratos, Derecho Constitucional, Derecho de la Información y Derecho Administrativo.

Attolini, el aviador de Fuenteovejuna

Antonio Attolini es víctima de delitos en Internet: circula una foto de él desnudo y otra con un juguete para adultos. Nada justifica que exhiban su desnudez en redes sociales, por más enemistad y odio que algunos le tengan.

Tony debería denunciar y demandar por estas conductas ilícitas en su contra. Pero, así como nadie tiene derecho a publicar su intimidad, él no tiene derecho a una sinecura por servicios al régimen, o sea, no hay motivo legítimo para que goce de una aviaduría.

etcétera recibió una segunda respuesta, un alcance, a la solicitud de información que hizo sobre la vida y obra de Attolini en el Senado. Ahora sí, dieron alguna información puntual sobre el amigo de todo los chairos: el treintañero recién titulado de licenciatura depende de la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena y se supone que asesora a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios que ella preside.

La senadora Caraveo afirma que Attolini participó en la producción de siete dictámenes… sin embargo, la legisladora no aportó un solo documento, ficha o tarjeta elaborada por el ex itamita de la triste figura.

En materia de acceso a la información, la marrullería de los burócratas mexicanos es crónica y de crónica. Desde el no poner a disposición los materiales en la plataforma digital “para que venga el que pidió las cosas y saber quién es”, pasando por ofrecer la información en un formato de reproducción extenso y carísimo, hasta hacerse los deficientes cognitivos para no entender lo que se pide o dar la información requerida en pedacitos (un trozo en cada solicitud reiterada).

La táctica del jefe de transparencia que le echa la culpa al solicitante de sus problemas de lectocomprensión selectiva de las solicitudes de información, es la más vulgar de las herramientas del instrumental de la opacidad gubernativa.

En el caso del trámite de la petición de etcétera, el Senado optó por esa versión del juego del tío Lolo y, por aproximaciones sucesivas pasó de reconocer que Attolini cobraba en la cámara, a señalar que no había entregables de su trabajo porque cada senador es libre de verificar el desempeño de sus subordinados como mejor le parezca, a afirmar que los dictámenes de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios “se producen de manera conjunta entre el Secretario Técnico de la Comisión y los Asesores Parlamentarios”, algo así como el Fuenteovejuna del trabajo legislativo. Conclusión: no hay un solo documento en esa comisión que sea de la autoría de Attolini, porque se producen colectivamente.

La respuesta del Senado propicia una imagen irrisoria, por ridícula: Attolini en medio de los integrantes de la Comisión senatorial de Asuntos Fronterizos y Migratorios, soltando reflexiones que son transcritas por su anodada audiencia, como si fuera el Niño Jesús en el Templo de Jerusalén. Nadie se cree una escena así, porque Attolini sólo es un gritón ignorante con tarima, no un sabio de lo oculto y lo mundano, como lo confirma un episodio que se narra más adelante en este texto.

En este estadio de las cosas, el funcionario de transparencia se frota las manos y asume que, con su pase mágico, dejó al solicitante con un palmo de narices. No es así, pero los peticionarios comunes suelen ser vencidos por cansancio. En contraste, la prensa tiende a ser más combativa e insiste, sobre todo cuando el pretexto es muy absurdo, como en este caso: aunque el documento de la comisión no sea de la autoría de un solo asesor, debe existir evidencia de los componentes aportados por cada participante.

@AttoliniConDoble

Es decir, para cumplir con la ley de transparencia no basta con decir que el dictamen de comisiones lo hacen entre varios: el Senado debió poner a disposición del solicitante, en cumplimiento del principio de máxima publicidad, los elementos que supuestamente aportó Attolini, cosa que la cámara por supuesto no hizo.

Así que, mientras esas aportaciones específicas no se transparenten (si es que existen), a Attolini se le debe considerar como un aviador.

Actualmente el asunto de Attolini se encuentra en revisión en el INAI y, si se resuelve conforme a Derecho, es de esperar que el Instituto obligue al Senado a entregar esas evidencias de trabajo.

Aquí es donde suele aparecer la última táctica de la burocracia: fabricar los documentos que no existían, aprovechando el tiempo que transcurre entre la primera solicitud y la resolución del INAI, prefecharlos y proveerlos como si hubieran existido antes de las peticiones tramposamente mal atendidas. A final de cuentas, ¿qué trabajo cuesta tomar las fichas o tarjetas elaboradas por alguien más y ponerles la firma de Antonio Attolini?

El problema para el Senado es que los ciudadanos no son los pelmazos que el gobierno supone. Es un delito forjar documentos para mentir en un procedimiento de información y, como precisa la nota de etcétera, si llegara a darse una entrega de documentos por parte del Senado, esta sólo sería fidedigna si estos archivos fueron remitidos a la comisión mediante un mecanismo cuya fecha no sea manipulable, esa es la única forma en que la cámara alta daría constancia efectiva de que esos documentos existían previamente a las solicitudes de transparencia que etcétera realizó.

Además, si ahora aparecieran milagrosamente los correos electrónicos de Attolini con sus fichas de trabajo, resultaría que el Senado actuó con dolo o negligencia en el trámite de una solicitud de información pública, lo que también está sancionado por la ley. La única salida digna para la entidad legislativa es reconocer que no hay evidencias del trabajo de Attolini y modificar las reglas de comprobación, para que exista la obligación de cada senador de llevar un registro claro y transparente de las aportaciones de todos sus subordinados.

En el caso de Attolini, el problema es doble: no sólo es delicado que sea alguien que cobre por no trabajar, sino que su ignorancia e ineptitud harían que fuera terrible que en realidad trabajara como asesor legislativo en el Senado: ante la conmemoración que Coparmex hizo de Carlos Abascal Carranza, en la que esa instancia empresarial señaló su carácter de sindicato patronal, Attolini sostuvo en Twitter que los patrones no pueden formar sindicatos, algo que cualquiera que haya leído la Ley Federal del Trabajo sabe que es jurídicamente posible. Este fue su fatídico tuit, que destila ignorancia, torpeza, soberbia y descuido:

¿Cómo puede ser asesor legislativo un sujeto que desconoce lo básico de la legislación federal? Y no, no sólo se trata de que Attolini no conozca el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, sino que la senadora Caraveo sostuvo en su Oficio número CAFM/LXIV/131/2019 que, por la formación de Attolini como Licenciado en Relaciones Internacionales, el ex itamita participaba en el estudio y análisis de documentos en materia de Derechos Humanos.

Con independencia de que ese título profesional no habilita para hacer análisis de Derechos Humanos, en el caso hay otro elemento irrebatible: la fracción XVI del apartado A del artículo 123 constitucional dice que “tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc”. ¿Cómo puede Attolini analizar documentos sobre Derechos Humanos, si ni siquiera ha leído la Constitución General de la República —mucho menos la conoce—?

Así que no se puede establecer que es peor: que Attolini cobre en el Senado sin trabajar o que labore de asesor legislativo con el nivel de ignorancia e incompetencia que padece.

Un primer colofón de este triste caso es que la 4T debe meditar si es conveniente que le siga dando exposición pública a inservibles. En esa lista están Gibrán Ramírez, John Ackerman y Sabina Berman, así como el mismo Attolini. Otorgarles una rebanada del pastel presupuestal para que hagan defensas oficiosas del régimen no ha servido de gran cosa, porque le predican al coro. Los 30 millones de votos no se van a mantener porque Gibrán haga machincuepas en televisión o Attolini esté en cuanto programa de análisis político se ponga al aire.

Los habladores pagados con nuestros impuestos ya demostraron que opinan —y cobran— de lo que no saben. ¿No le convenía más a López reclutar a verdaderos especialistas? En la izquierda hay varios, aunque no sean porristas incondicionales del morenismo. Nadie con cerebro quiere escuchar a un menso que dice que todo lo que hace el gobierno está bien. Ojalá la presidencia pronto lo entienda y acepte.

Además de esta grave circunstancia, existe un colofón adicional a la vida inútil de Antonio Attolini en el Senado y es El Asunto Mendieta: el Senado negó que el podemita con calidad de turista estuviera trabajando en la cámara alta. No obstante, los trascendidos señalan que Abraham Mendieta igualmente colaboraba en la oficina de la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena: ¿el órgano legislativo también mintió en este tema? Va un adelanto, como en las escenas postcréditos de las películas de Marvel: el INAI también debe revisar las respuestas del Senado y Morena que niegan haberle pagado a Mendieta. A la franquicia de los aviadores de río frío le quedan varios capítulos por lanzar…

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