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Fernando Mejía Barquera

Periodista y profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Asesinatos en Narvarte y la PGJDF

El multihomicidio de hace una semana en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México, sin duda es el hecho delictuoso más difícil que le ha tocado a la Procuraduría capitalina en este sexenio; aparte de su gravedad intrínseca -cinco personas torturadas y muertas con tiro de gracia-, el caso tiene elementos políticos que lo hacen especialmente complejo.

Línea ineludible

Entre las personas asesinadas hay cuatro mujeres -una de ellas objeto de abuso sexual-, lo cual hizo que la comisionada de Derechos Humanos del DF pidiera a la Procuraduría que entre las líneas de investigación se incluyera el feminicidio.

Semanas antes de su muerte, dos de los cinco asesinados -un periodista y una activista social- dieron entrevistas y grabaron videos en los que responsabilizaron al gobernador de Veracruz de las agresiones que pudieran sufrir. Esa tiene que ser una línea de investigación obligatoria. Desecharla sería partir de un prejuicio -“los gobernantes son incapaces de amenazar y cumplir amenazas”-, como lo sería también darla por válida automáticamente y desechar otras.

Mala comunicación

No la tiene fácil la Procuraduría del DF, pero lo peor es que no empezó bien su comunicación pública sobre el caso: pese a que el procurador Rodolfo Ríos dijo que no excluye “ninguna línea de investigación”, en los hechos ha privilegiado la del “robo”. Incluso en la conferencia de prensa ofrecida el martes insistió en que uno de los hombres captados en un video del C-4 -y señalados por la Procuraduría como presuntos responsables- podría haber llevado en una maleta que va jalando por la calle “objetos extraídos del departamento”.

También ha incurrido en contradicciones: inicialmente se mencionó que los asesinados habían “convivido” con los asesinos, lo que en redes sociales y en algunas notas periodísticas hizo surgir la versión de que los crímenes habrían ocurrido en una fiesta donde corrió el alcohol. El martes el procurador dijo que no; nunca existió tal convivencia y no se encontraron en la casa evidencias de consumo alcohólico.

Mancera y Duarte

También llama la atención el procedimiento extraordinariamente “institucional” que, de acuerdo con lo dicho por el procurador, se sigue para determinar si en el caso del periodista Rubén Espinosa, el asesinato está vinculado con su trabajo como reportero gráfico. “La línea de investigación relativa a la actividad profesional de Rubén se encuentra también abierta” -dijo el procurador en su conferencia del martes-. Señaló que también han recibido testimoniales e indicios y que ambos gobiernos han tenido contacto: tanto Miguel Ángel Mancera con el gobernador de Veracruz, como el procurador capitalino y el fiscal general de dicho estado.

Esperemos que las indagaciones sobre esta línea de investigación no se limiten a la consulta institucional o a charlas del procurador con su homólogo y de Mancera con Javier Duarte.

Clima de opinión

El clima de opinión que existe en el país con respecto al asesinato de Rubén Espinosa se inclina hacia la convicción de que fue ejecutado a causa de su actividad profesional. Según la encuesta publicada por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 3 de agosto (http://www.gabinete.mx/index.php? option=com_k2&view=item&id=456:condiciones-del-trabajo-periodistico-en-mexico-2015) 40.7 por ciento de las personas considera que el crimen fue “por su labor periodística” y 24.3 que fue “víctima de la delincuencia”. Esto tendría que obligar a la Procuraduría a realizar una investigación “rápida, clara, eficaz e inobjetable” y a presentarla de modo convincente, sobre todo si sus conclusiones apuntan a que los homicidios en la Narvarte no estuvieron vinculados con las amenazas a Rubén Espinosa y Nadia Vera.

También debería preocuparle al gobierno capitalino la percepción que se empieza a tener del DF como un lugar inseguro para la práctica del periodismo. Según la encuesta de GCE, 13.9 por ciento de los consultados considera que la entidad “más peligrosa para ejercer el periodismo” es Michoacán, le siguen Guerrero con 12A, Veracruz con 10.5, y empatados en cuarto lugar Tamaulipas y el DF con 6.2 por ciento.

Asunto visible

También debería preocupar a los gobiernos (el federal y los estatales) la percepción acerca de la libertad de expresión en México; 61.4 por ciento de los consultados por GCE consideró que “no hay libertad de expresión” y el 35.1 que sí.

Según la encuesta, hasta el domingo solo 39 por ciento de las personas sabían de los asesinatos ocurridos en la Narvarte. Habrá que ver si ese grado de conocimiento se incrementa o disminuye. El gremio periodístico -uno de cuyos miembros figura entre las personas asesinadas- tiene el compromiso de hacer que el asunto permanezca visible en la atención pública hasta que la autoridad cumpla con su deber de resolver el caso.


Este artículo fue publicado en Milenio el 06 de Agosto de 2015, agradecemos a Fernando Mejía Barquera su autorización para publicarlo en nuestra página

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