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Gerardo Flores Ramírez

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El autor es economista y fiel seguidor de Pumas. Ex senador de la República

El asedio al Poder Judicial por una reforma eléctrica caprichosa

En entrevista con Carmen Aristegui, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, no podía ocultar su molestia, exhibía su total frustación por las suspensiones provisionales que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones resolvió otorgar contra el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica que había sido publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 9 de marzo, pero tampoco podía ocultar su ignorancia y su desprecio respecto de una figura central dentro del régimen jurídico mexicano, el juicio de amparo.

Conociendo la forma muy particular de la administración del presidente López Obrador de ver el mundo y hacia dónde va, ya se esperaba una reacción crítica del titular del Poder Ejecutivo como la del viernes 12 pasado y de todos los funcionarios del gabinete federal, pero no deja de llamar la atención la ofensiva desmedida en contra del juez, enarbolada de manera central por el presidente y su secretaria de Energía. En esa entrevista con Carmen Aristegui, una desbocada Rocío Nahle arremetía contra el juez que había otorgado las suspensiones provisionales, bajo el ignorante argumento de que era de no creerse que este funcionario judicial hubiera podido hacer los estudios técnicos y económicos, en un lapso de 24 horas, para poder llegar a la conclusión de que podían otorgarse las suspensiones en cuestión. Para poner en contexto los exabruptos de la secretaria de Energía, aquí reproduzco parte de sus palabras en esa entrevista:

“…no hizo un estudio, en 24 horas no le dio para hacer el estudio sí efectivamente quienes estaban solicitando esta suspensión generan energía más barata, más cara, limpia, sucia, no hizo ningún análisis técnico, no hizo ningún análisis económico, se supone que es un juez que amparándose en la competencia otorga esa suspensión. Sin un análisis económico, en 24 horas, no te da para hacer un análisis económico, de cuánto cuesta cada kilovatio, tomando en cuenta certificados de energías limpias, tomando en cuenta porteos, tomando en cuenta todo el tema eléctrico, lo hace de facto por supuesto que nosotros pues vamos a pedir una revisión al Consejo de la Judicatura sobre el actuar de este juez, porque podemos ser muy respetuosos del Poder Judicial pero no del actuar de algunos de ellos que en una forma eh, pues visible porque esa es la palabra, visible, se muestra con un claro servicio a algún interés, esa la palabra eh, algún interés, entonces eh otorga la suspensión, nada más como si fuera una ventanilla de recepción y pone el sello. Este es un tema serio porque incluye al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo…”

“…ahora imagínate, juez de radio y telecomunicación… imagina, ¿qué estudio tiene de competencia económica? ¿Cómo, en qué se basó? ¿Qué estudio técnico? ¿Cuánto cuesta cada kilovatio? ¿Cuántas horas? ¿Cuánta capacidad? Todo el tema técnico, no tiene ni idea, esa es la palabra, no tiene ni idea el señor…”

Es alarmante la soberbia con la que se conduce la titular de Energía, porque además de pretender dictar qué elementos debió tomar en cuenta el juez, sin mayor recato afirma que no tiene ni idea el señor, así que como no se ajusta a lo que la señora piensa que debió considerar el juez, entonces las conclusiones de este no solo son erróneas, sino que además obedecen a algún interés. Sólo la ignorancia, vitaminada por la soberbia, orillan a una integrante del gabinete a lanzar diatribas de este calibre.

No soy abogado, pero una lectura seria a una de las resoluciones del Juez Juan Pablo Gómez Fierro permite entender sin ninguna complicación los fundamentos jurídicos y los razonamientos del juzgador para otorgar tal suspensión provisional, no solo para fines de la empresa que promovió el juicio de amparo en cuestión y la suspensión, sino para todos los participantes en el mercado eléctrico mayorista.

Con este acto, el juez no está resolviendo el fondo de lo que reclaman quienes se quejaron en contra de las modificaciones que propuso el presidente López Obrador a la Ley de la Industria Eléctrica y que aprobó sin mayor reflexión la mayoría de Morena, simplemente está adoptando una medida de carácter cautelar para evitar que cuando se resuelva el fondo del asunto, no se esté frente a un escenario en el que, por las prisas del gobierno de acelerar el desmantelamiento del marco jurídico anterior que regía al sector eléctrico, aunque se les otorgara la razón a los que hubieran promovido los juicios de amparo contra las reformas, ya no hubiera forma de echar para atrás lo que se hubiera determinado como inconstitucional por parte del Poder Judicial.

Ahora bien, a propósito de la discusión provocada por la molestia de la 4T contra la decisión del Juez Gómez Fierro, revisé el proceso legislativo para la aprobación de la iniciativa preferencia enviada por el presidente López Obrador al Congreso el 1 de febrero pasado. Todos nos fuimos con la finta de que a la orden del presidente de que no se le moviera ni una coma, los legisladores de Morena y el PT habían obedecido sin cuestionar esta. Pero debo reconocer que me equivoqué.

Resulta que en la propuesta del presidente López Obrador, de manera expresa se proponía la eliminación del segundo enunciado del primer párrafo del artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica, que dice: “La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia.”

Lo que decía la ley antes de la reforma, y que el presidente proponía eliminar:

Esta propuesta de eliminación, la destaqué en mi colaboración con etcétera del pasado 14 de febrero. En la que señalé: “…desplante que de inmediato queda sin asidero cuando observamos que uno de los cambios sustantivos que promueve la iniciativa en cuestión es la eliminación del segundo enunciado del primer párrafo del artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica: ‘La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia'”.

Pues bien, para no entrar en tantas complicaciones, solo quiero compartirles que al final, la mayoría morenista nos engañó, no hicieron caso al presidente López Obrador, y sin razonamiento en los dictámenes tanto de las comisiones de energía, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, que explicara por qué no era conveniente tal eliminación, que es lo que se supone debe incluirse en un dictamen, regresaron a la redacción original de ese primer párrafo del artículo 4. Es evidente que alguien advirtió al Ejecutivo que esa simple modificación sería prueba suficiente para perder cualquier juicio o panel de solución de controversias, y entonces, es altamente probable que desde algún lugar de Palacio Nacional se haya dado la orden: “No borren ese enunciado, pero háganlo a la sorda, que nadie se entere, no lo razonen en sus dictámenes”.

Me atrevo a suponer que así fue, porque parece mentira que a los legisladores se les haya olvidado explicar los motivos de por qué no hacerle caso al presidente respecto de una propuesta tan relevante.

Ahora bien, eso no resta meritos a los demás argumentos que se han vertido sobre la inconstitucionalidad de varios de los cambios aprobados y ya vigentes hoy en día, así como sobre la violación a compromisos internacionales, entre ellos del TMEC, que se materializan con esos cambios.

Se viene una intensa etapa de descalificaciones hacia jueces y magistrados, que posiblemente no estará exenta de advertencias o insinuaciones sobre posibles investigaciones y señamientos sobre su pasado o sobre su patrimonio. Veremos pues un asedio intenso y constante contra el Poder Judicial para presionarlo a que sancione favorablemente el entuerto caprichoso de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Por mi parte tengo confianza que este importante contrapeso del andamiaje institucional del estado mexicano no cederá.

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