La alternancia pacífica en el poder es una realidad en México que no llegó por generación espontánea, sino a través de un proceso permanente de construcción normativa e institucional que ha permitido sostener, con razonable viabilidad, el terreno de la competencia sin ganadores predefinidos en nuestro modelo de democracia.
Impulsar reformas electorales cuando termina una elección presidencial no es algo negativo, de hecho, la historia reciente demuestra que es necesario para evitar que se acumulen, sin regulación oportuna, zonas de tensión en la competencia política que constantemente surgen y que son dinámicas. Ello demuestra que una ley electoral no es definitiva e inamovible.
Desde la creación del IFE en 1990, vinieron sucesivas reformas constitucionales y legales para fortalecer el modelo a partir de la experiencia en nuevas contiendas. Tuvimos por eso reformas en 1993, en 1994 y una de gran calado en 1996, antes de la primera alternancia presidencial del año 2000. No todo estuvo libre de problemas en esa elección donde ganó por primera vez un partido de oposición, pero el triunfo acreditó que era posible competir y ganar y quizá por eso se relajaron las reformas y dejaron de atenderse necesidades regulatorias con profundidad hasta el 2007, cuando se concretó la siguiente reforma constitucional con la que se replanteó la relación entre medios y política.
Luego vino otra reforma constitucional en el 2014 para ajustar las reglas asociadas a comicios locales y también a combatir e inhibir con sanciones más severas el flujo de dineros indebidos en las campañas. Otra vez, no se dejó de hacer reformas al término de comicios presidenciales, pese a que había cambiado nuevamente el partido en el poder.
Dicho esto, apunto algunos ejes a considerar para una eventual reforma electoral previa a una nueva cita con las urnas:
Primero. Sería suicida no generar una interlocución respetuosa e institucional entre el Congreso, el INE y el Tribunal, porque la experiencia nos dice que es necesario valorar implicaciones técnicas de cualquier reforma, sin soberbia o ínfulas de autosuficiencia. Son las y los legisladores quienes definen las leyes, pero los escenarios de aplicación no son un asunto menor y para aterrizarse técnicamente se requiere una base seria de análisis, que independientemente de si se comparte o no alguna postura, siempre es clave dotarla de elementos técnicos, con datos precisos, con proyecciones, argumentos sólidos antes de llevarla a la ley. En esa ruta, es fundamental también escuchar los argumentos de los órganos electorales locales y conocer la complejidad de comicios municipales, las particularidades de las leyes en las entidades federativas.
Segundo. Son necesarios árbitros y tribunales electorales locales, aunque es cierto que pueden y deben atenderse en la ley cambios que propicien mejores condiciones para elegir perfiles de consejeras, consejeros, magistrados y magistradas (son minoría los malos elementos, pero es verdad que hay casos en donde sí se han acreditado actos indebidos), así como los candados de autonomía presupuestal. No es correcto seguir con un modelo en donde los gobernadores puedan presionar al árbitro local reteniéndole presupuestos ya aprobados, chantajeando, por ejemplo, para que se resuelvan problemáticas sociales o magisteriales en su entidad.
Tercero. El padrón electoral y la credencial para votar con fotografía deben continuar en manos de un órgano autónomo. Es un hecho que la base de datos de mayores de edad que se depura y actualiza de forma permanente, la más confiable para garantizar el principio de una persona viva es igual a un solo voto, debe mantenerse en el INE y no replicar viejas tentaciones de regresarla a la órbita de la Secretaría de Gobernación como ocurría en 1988.
Cuarto. Deben homologarse topes de gastos de campañas en elecciones locales, que sean racionales y realmente correspondan con lo que se gasta en las campañas, así como revisar los montos del financiamiento público de los partidos.
Quinto. Es relevante la austeridad y puede avanzarse en elecciones menos onerosas si transitamos a un modelo de voto electrónico. Es muy probable que en las siguientes elecciones superemos los 100 millones de potenciales votantes y, con el diseño actual, eso implica, de entrada, imprimir millones de boletas en papel seguridad, multiplicadas por el número de cargos en disputa para tenerlas en cientos de miles de casillas.
Sexto. Evitar que el uso de recursos públicos y la publicidad oficial se conviertan en una extensión de la publicidad partidista. No se ha concretado desde el 2007 una auténtica regulación secundaria del artículo 134 constitucional (donde se prohíbe a gobiernos locales y federal, a cualquier institución pública no usar la publicidad institucional de manera personalizada o como plataforma de proyección electoral).
Este artículo fue publicado en El Economista el 28 de abril de 2019, agradecemos a Marco Antonio Baños su autorización para publicarlo en nuestra página.
