Cinque Terre

José Buendía Hegewisch

Anticorrupción, entre indiferencia e indulgencia

La iniciativa de Peña Nieto contra la corrupción naufraga entre la parsimonia y la indulgencia, a pesar del cuestionamiento que le señala no entender que sólo poderes omnímodos se sustraen de rendir cuentas. Ello es inadmisible para un país de la OCDE, aunque ocupemos el último sitio de sus índices sin que ningún cambio institucional ni legal sirva para desmantelar redes de corrupción entre autoridades y particulares o sancionar la impunidad desde el Presidente al resto de autoridades por desviación de recursos públicos, conflicto de interés o tráfico de influencias.


¿Por qué tanto enojo si el país crece, mejora el empleo y sale mejor librado que otros de la turbulencia financiera mundial? Exasperan la lentitud de acciones, el sosiego ante la perturbación y la frialdad de ánimo hacia el abuso sistemático. La impunidad harta.


La explicación optimista es que el gobierno calcula la estrategia "idónea" para presentar medidas que políticamente, le sirvan para sacudirse la presión y revertir el desprestigio. Ello no implica un compromiso de ir al fondo. LA circunspección de las declaraciones ante los escándalos y la "cara de palo" frente a evidencias del abuso individual con bienes públicos, tampoco anticipan una voluntad que trascienda simulación y acciones aisladas. Las declaraciones de buena voluntad del gobierno chocan con la inacción de la Función Pública y su vocación de archivar expedientes sin responsables como si, en el fondo, se aceptara el delito con la permisividad de entenderlo como parte de la condición humana. Pero creer que es un problema cultural, es posición interesada cuando lo que está en juego es una reforma de la forma de ejercer el poder.


La primera promesa de reforma de Peña fue ir contra la corrupción, pero reformas económicas y estructurales la enterraron. Otra muestra de reactividad de la clase política es el atorón en el Congreso del sistema anticorrupción, con el que Peña quiso controlar los daños por la Casa Blanca y otros escándalos. La agenda económica, ahora ante la emergencia y la complejidad de ese leviatán con reformas a 25 leyes federales, puede llevar a patearlo otra vez hacia adelante. Faltan consensos sobre quitar el fuero al Presidente y legisladores, castigar el conflicto de interés y los crímenes contra los derechos humanos.


Organizaciones civiles tratarán de poner el tema sobre la mesa esta semana al presentar la iniciativa “3 de 3”, con medidas para atacar las redes de corrupción en vez de enfocarse sólo en el castigo a individuos, porque da lugar al chivo expiatorio de la procuración de justicia. Plantean que los funcionarios revelen sus intereses y no sólo declaren no tener conflicto con su función, e incluyan a particulares para evitar la colusión de redes.


La iniciativa con miles de firmas quiere ser una muestra de participación ciudadana contra la indiferencia oficial. Y confían en que obligue al gobierno a presentar su propuesta y a los legisladores a no mandar a la congeladora el sistema anticorrupción. Incluso que lo aprovechen para cobijar la reforma en la participación de la ciudadanía.


Sería el mejor escenario, aunque esta iniciativa también deja a un lado al fuero. Pero tiene a su favor la crisis de pérdida de confianza hacia el gobierno y el cada vez menor tiempo para, en efecto, pasar a la historia como uno de los más reactivos a la rendición de cuentas. En el fondo es eso lo que invalida cada vez más la credibilidad de medidas cosméticas y permisivas con la “tradición”. Al gobierno se le acaban el tiempo y los recursos para evitar una reforma del ejercicio del poder que elimine fueros y privilegios coloniales.



Este artículo fue publicado en Excélsior el 31 de Enero de 2016, agradecemos a José Buendía Hegewisch su autorización para publicarlo en nuestra página

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