viernes 29 marzo 2024

AMLO: ¿legalidad o justicia?

por José Antonio Crespo

En más de una ocasión ha dicho el presidente López Obrador que entre la ley y la justicia, él elige la segunda. Suena bien, la justicia ante todo. Pero resulta que justo los ordenamientos legales buscan en esencia preservar la mayor justicia posible dentro del orden y la civilidad. Porque la justicia no es algo que pueda palparse objetivamente, y de ahí que constantemente haya litigios. Cada parte o actor considera sus intereses como legítimos y por tanto, justos. Pero se sabe que los intereses de distintos actores, por legítimos que sean, suelen entrar en contradicción con los de otros.

Para lo cual debe haber procesos legales, juicios, jueces, de modo que se busque la mayor justicia posible sin perder la gobernabilidad. Y es que si cada grupo, actor o movimiento decide saltarse la ley para hacer justicia (o sea, su justicia, justicia por propia mano) como recomienda quien más comprometido debía estar con la legalidad, el resultado será la anarquía, la ingobernabilidad y la inestabilidad, es decir, la guerra de todos contra todos, donde el más fuerte impone su voluntad, ante la incapacidad de las autoridades para mantener el orden, y precisamente es en esta situación donde más injusticias pueden cometerse, en medio del abuso y la violencia.

De ahí la necesidad de crear al Estado, una entidad por encima de las distintas partes de la sociedad, con la fuerza suficiente para hacer valer las reglas de convivencia, y sancionar a quien las violente. Sólo así prevalecerá cierto orden, civilidad, capacidad de cooperación y seguridad esencial en esa comunidad política. Es decir, haciendo respetar la legalidad y resolviendo a través de ella los distintos conflictos de interés que surjan en la comunidad misma. Sólo así se podrá aspirar a una mayor justicia, así no sea perfecta (pues nada humano lo es). Pero lo que sí queda claro es que haciendo a un lado la ley, habrá más probabilidades de injusticia.

Es verdad, por otro lado, que las leyes no son todas iguales ni por supuesto esencialmente justas o equitativas. Los grupos de poder tienden a hacer un marco legal que favorezca sus intereses. Pero en tal caso, lo que procede es la reforma de las leyes hacia unas más equitativas, un sistema de justicia que provea mejores posibilidades de respetar los derechos individuales. Esa es una de las ventajas de la democracia sobre el autoritarismo; la pluralidad y los contrapesos permiten más fácilmente el cambio de normas de unas menos justas a otras más justas, por la vía institucional y pacífica. En los autoritarismos dicha probabilidad se reduce, al grado en el cual, en el extremo, una parte mayoritaria de la sociedad decide movilizarse por encima de la legalidad para derrocar al poder despótico e instaurar un nuevo orden; es la opción revolucionaria.

Pero en el México actual nada hay que justifique dicha solución; la democracia hasta ahora alcanzada, imperfecta e insuficiente como es, permite hacer cambios por vía legal, y prueba de ello fue la alternancia pacífica de 2018 a favor del obradorismo. Menos se justifica que el presidente convoque a saltarse la ley en lugar de primero reformarla, tanto por su investidura como porque justo él goza de mayorías suficientes para buscar dichas reformas por la vía legal e institucional. Más si se le cruza un contrapeso, o la propia norma vigente no le permite hacer lo que desea, entonces decide pasar por alto la legalidad y exhorta a otros a hacer lo mismo, provocando un enorme daño a la civilidad, la democracia y la institucionalidad. Lo cual refleja que López Obrador no ha logrado entender las bases esenciales del Derecho, del Estado, y su función de brindar orden y civilidad en una sociedad compleja y plural.

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