viernes 29 marzo 2024

Alianza opositora y segunda vuelta

por Carlos Matienzo

Dos acontecimientos han desatado el debate sobre la posibilidad de construir de una alianza opositora en las elecciones de 2021 y 2024: la aún litigada existencia de México Libre, el partido de Felipe Calderón, y el anuncio de Movimiento Ciudadano de no formar parte de un frente común en la elección intermedia. Ambos partidos, a los ojos de muchos, dispersarían el esfuerzo opositor para frenar las pretensiones hegemónicas del actual régimen.

En las elecciones legislativas de 2021 la ausencia de una alianza puede no ser catastrófica. Gracias a nuestro sistema de representación proporcional, aun si entre la oposición dividen sus votos en las competencias de cada distrito, en el resto de los 200 diputados a asignarse por la vía plurinominal pueden ver compensada su votación total. Es plausible que, aun sin alianza, los partidos fuera del polo obradorista obtengan la mayoría de los escaños de la Cámara de Diputados.

No obstante, lo que realmente ha comenzado a discutirse es la forma en que la oposición competirá en 2024 para definir el relevo de López Obrador. Ahí, a diferencia de la legislativa, sí es un juego de suma cero en el que la primera minoría (el que obtiene más votos) se lleva todo el aparato de gobierno. Si los partidos opositores no se ponen de acuerdo y los niveles de votación del obradorismo siguen por encima del 30%, es altamente probable que se mantengan en el poder.

Este dilema estaría resuelto si contáramos con una segunda vuelta presidencial. Bajo este esquema, si ningún candidato superara, digamos, 51% de los votos, habría una segunda ronda entre los dos con mayor porcentaje. Así, en una primera instancia podrían competir todos los partidos por separado y, en una segunda, las fuerzas minoritarias definir su apoyo a una de las dos opciones mayoritarias.

Lo anterior incentivaría alianzas trasparentes y acuerdos programáticos que permiten al ciudadano reorientar sus preferencias. Sobre todo, quitaría a las cúpulas el monopolio de generar las alianzas y empoderaría al ciudadano que en última instancia sería quien decide a quién traslada su voto, lo que dota de mayor legitimidad al presidente electo.

Evidentemente, para que esto suceda se necesitaría una reforma constitucional que requiere de la aprobación de dos terceras partes del Congreso. Aún si los partidos opositores obtienen la mayoría calificada de la Cámara de Diputados en 2021, en el Senado el ala obradorista podría bloquearla.

No obstante, hay razones por las que vale la pena dar esa batalla. Primero, porque coloca al obradorismo contra las cuerdas de su propia narrativa: ¿cómo puede un movimiento populista estar en contra de que sea la mayoría absoluta quien elija al próximo presidente? Después de todo, ellos ganaron en 2018 con 53% de los votos y en ello validan su legitimidad. Por otro lado, hay que anotar que en un contexto de posibles rupturas al interior del obradorismo, a algunas fuerzas minoritarias como el PT, el PES o hasta el PVEM puede convenir este mecanismo pues los empoderaría frente a Morena.

Sobre todo, a la oposición le conviene impulsar esta iniciativa por el solo hecho de contar con una causa en común. Bien podrían en 2021 ir por separado en la boleta, pero impulsar en conjunto la segunda vuelta como eje central de la campaña. Si el obradorismo se opone a ella en el Congreso, puede ser el pretexto perfecto para movilizar a las bases opositoras y evidenciar la hipocresía del populismo.

Hasta ahora, la discusión de la posible alianza ha errado en dos sentidos: carece de una causa unificante y está centrada en acuerdos cupulares. La propuesta de la segunda vuelta puede ser, al mismo tiempo, esa causa que una a la oposición y que fije la mira en empoderar al elector, pues son los votantes quienes realmente pueden frenar la regresión autoritaria que enfrentamos.

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