Sigue por muchos motivos vigente la demanda colectiva de respeto a la vida e integridad de los defensores de los derechos humanos.
Si bien en algunos casos las cosas han cambiado sigue siendo una pesadilla, para decir lo menos. Los defensores de derechos humanos enfrentan intereses creados y abyectos en medio de la impunidad.
Quienes perpetran las agresiones saben que así como entran a la cárcel pueden salir de ella, en función de complicidades y la corrupción que rodea a los grupos que pagan por atacar a quienes dedican su vida a defender a los otros.
Escenarios similares se presentan en la agresión contra los periodistas. Se ataca porque quien lo hace forma parte de una red de complicidades e impunidad que han ido construyendo y que en algún sentido es una forma de vida.
Ello les da una permisibilidad para suponer que pueden callar lo que los periodistas investigan. Una de las claves es el que estén protegidos e informados por una red que tiene su eje en la relación que guardan con las autoridades.
Los defensores de los derechos humanos y los periodistas han caminado por la misma vía padeciendo lo mismo. Los gobiernos han hecho como que se ocupan, incluyendo al actual, pero en el terreno de los hechos la impunidad, las agresiones, la intimidación y la violencia se mantiene como constantes de manera muchas veces despiadada.
Las odiosas comparaciones nos siguen ubicando como uno de los países con una de las tasas más altas de agresión en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
El estado de las cosas evidencia la incapacidad de los gobiernos para enfrentar los problemas. Lo que hacen los defensores y los periodistas es intentar hacer visible lo invisible y a los invisibles visibles. Es un trabajo que no puede verse de otra manera que no sea de forma crítica sobre la cotidianidad del país.
Son respuestas de sectores de la sociedad ante el estado de las cosas y ante la impotencia e incapacidad de los gobiernos. Es una labor que “incomoda” a gobernantes, grupos de interés y la delincuencia.
A esta lacerante realidad se ha venido sumando la agresión en contra de los defensores del medio ambiente. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en el último año fueron asesinados al menos once activistas. Si bien es un tema que muchas sociedades padecen, en nuestro caso se ha agudizado entre la intransigencia y una alentadora crítica toma de conciencia sobre el medio ambiente
En febrero del año pasado Samir Flores, quien se oponía a la termoeléctrica del llamado Proyecto Integral Morelos (PIM), fue asesinado a tiros al salir de su casa. Tres días antes de su muerte el Gobierno organizó una consulta para conocer la opinión de los habitantes de la zona para ver si se continuaba con la obra o se cancelaba.
La consulta para variar fue impugnada y para variar no pasó nada. El asesinato de Samir, además de la consternación y dolor en su familia y seguidores, desmovilizó la oposición a la termoeléctrica.
Este febrero Raúl Hernández, defensor de la mariposa monarca, fue encontrado muerto. Días antes había sido también asesinado Homero Gómez, ambos estaban en contra de la tala clandestina en Michoacán.
Si bien desde hace tiempo se han venido denunciando las agresiones, hay que identificar que en el país los defensores de derechos humanos, los periodistas y los defensores del medio ambiente caminan, viven y padecen de lo mismo: agresiones, intimidación, impunidad, violencia y una evidente falta de defensa y atención por parte de los gobiernos, sin importar el color de partido.
RESQUICIOS.
En medio de entradas y salidas a la cárcel de Óscar Andrés Flores, El Lunares, se conjuntan las manifestaciones más acabada del desaseo judicial y la falta de capacidad de las autoridades para armar un caso.
Este artículo fue publicado en La Razón el 17 de febrero de 2020, agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
