jueves 28 marzo 2024

Ackerman, Sandoval y la 4T; antes exigían cuentas y hoy atacan a la prensa

por Angélica Recillas

El 11 de diciembre de 2014, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un reportaje donde dio a conocer que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, había adquirido dos años atrás una residencia en un fraccionamiento exclusivo de Malinalco, Estado de México. El inmueble le fue vendido por Grupo Higa, empresa propiedad de Armando Hinojosa, contratista preferido del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Estando todavía fresco el impacto ocasionado por la revelación de la “casa blanca” de Angélica Rivera, a través de otro reportaje de investigación, la prensa mexicana dio cuenta del nuevo escándalo. Reforma y La Jornada llevaron el caso de Videgaray a sus ocho columnas del 12 de diciembre de 2014. En medios electrónicos y digitales hubo diversas notas y artículos sobre el trabajo periodístico de The Wall Street Journal y en las redes sociales, las tendencias sobre el tema no se hicieron esperar.

Andrés Manuel López Obrador, en aquel tiempo dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dio crédito absoluto a las revelaciones periodísticas y el 12 de diciembre publicó un video en sus redes sociales donde acusó que las casas de Angélica Rivera y de Videgaray, no habían sido compradas sino que eran producto de “sobornos” de Higa al gobierno de Peña Nieto.

“Hay pruebas suficientes para sostener que lo de las casas pues no fueron adquisiciones. No es que hayan comprado las casas Peña, su esposa, Videgaray. Son sobornos. Como se dice coloquialmente, moches”, dijo. Las pruebas, nunca las mostró.

Poco después, en su cuenta de Twitter, López Obrador lamentaba que a pesar de las casas de Peña y Videgaray, hubiera gente que apoyara al “régimen corrupto”.

Irma Eréndira Sandoval, quien en aquellas fechas era académica de la UNAM y militante de Morena, escribió el 13 de diciembre en su cuenta de Twitter: “A propósito de la casa blanca de Videgaray, va mi artículo sobre conflicto de interés disponible en mi blog personal #YaMeCansé4”.  El vínculo remite a un texto de su autoría publicado en 2011 en la Revista Técnica, editada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en donde cuestiona los vacíos legales que dan pie a que las declaraciones patrimoniales de los servidores no contengan toda la información que deberían. Y, citando ejemplos de otros países, sugiere que no sólo los funcionarios públicos rindan su declaración de bienes sino también sus cónyuges y otros parientes cercanos.

“En Estados Unidos, por ejemplo, los funcionarios públicos al asumir sus encargos se obligan a deshacerse de todos los compromisos económicos que en algún momento pudieran influir negativamente en su desempeño. Esto va mucho más allá de la simple ‘declaración patrimonial’ con la que contamos en México. Además de declarar sus posesiones, los servidores públicos deben también modificarlas de manera radical para prevenir cualquier posible conflicto de intereses en el futuro. En Hungría, los familiares de los servidores públicos de altos niveles también deben hacer su declaración patrimonial y en Polonia los cónyuges de altos funcionarios, de magistrados, representantes populares y funcionarios electos también”, expuso.

Por su parte, John Ackerman, también académico de la UNAM y esposo de Irma Sandoval,  publicó un tuit el 12 de diciembre de 2014 donde cuestionaba la legalidad de la casa de Videgaray. Un día después en otro mensaje, anunció una propuesta para evitar los conflictos de interés en los funcionarios públicos. El link remite a un artículo suyo publicado en Proceso el 3 de julio de 2014.

En el texto de referencia, el autor se “fusila” varios párrafos del ensayo que su esposa escribió en la revista de la ASF. Asimismo, cuestiona la farsa que a su juicio representaron las declaraciones patrimoniales del gabinete de Enrique Peña Nieto. Ackerman, hizo un particular énfasis en el hecho de que algunos de los funcionarios refirieran que algunos de sus bienes los habían recibido “en donación”.

“Hasta la fecha la sociedad se mantiene en total oscuridad con respecto a los verdaderos intereses financieros, profesionales y personales de los funcionarios federales y sus familiares”, dijo.

Líneas antes, había sentenciado: “Habría que exigir transparencia absoluta e inmediata de todas las cuentas, relaciones y compromisos de los legisladores y funcionarios federales. Quien no divulgue, que renuncie”.

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El 11 de abril de 2015, el semanario Proceso divulgó un reportaje en donde se denunciaba que el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había comprado una residencia con un valor actualizado de 50 millones de pesos en las Lomas de Chapultepec, que le fue vendida por el empresario Carlos Sosa, a quien otorgó contratos durante su gestión como gobernador de Hidalgo. En el trabajo periodístico, se dio la ubicación exacta del inmueble: Paseo de las Palmas 1380.

Sobre este nuevo caso, López Obrador se pronunció en su cuenta de Twitter  el 12 de abril, en los siguientes términos: “Aunque hay gente honrada en Las Lomas, viviendo EPN, Chong, Miranda y otros, hasta dan ganas de poner allí el aviso: “Cuidado aquí roban”.

Un día después acusó que “todos los medios” salieron a defender a Osorio Chong para después callar. Pero no fue así: el tema duró al menos una semana en los medios de comunicación.

Sobre este nuevo caso, John Ackerman escribió el 13 de abril en Twitter: “Ya basta de mentiras. Funcionario que no transparente TODOS sus intereses y propiedades debe renunciar. #OsorioChong”. Y remite a su texto del 3 de julio 2014 sobre las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

El 31 de agosto, en su colaboración para La Jornada, sugirió que las casas de Angélica Rivera, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong fueran convertidas en escuelas y hospitales públicos.

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El 18 de junio  de 2020, Carlos Loret de Mola presentó en la plataforma LatinUs, una investigación del reportero Mario Gutiérrez Vega, donde se documenta que el patrimonio de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y su esposo, el académico John Ackerman asciende a más de 60 millones de pesos, cinco veces más de lo que presentaron en sus declaraciones patrimoniales.

Dentro de las propiedades que no declararon, destaca un terreno de 253 metros cuadrados en la colonia Santo Domingo de los Reyes, hoy colonia Pedregal de Santo Domingo, que le fue cedido en agosto de 2007 por el entonces Gobierno del Distrito Federal, que era encabezado por Marcelo Ebrard.

Asimismo, Sandoval y Ackerman adquirieron entre 2004 y 2013 seis propiedades, las cuales según su declaración patrimonial tienen un valor conjunto de de 9 millones 255 mil pesos, pero conforme a una actualización calculada en función del valor del suelo en las zonas donde se ubican los inmuebles, el costo es mucho mayor.  De igual manera se destaca el hecho que en el tiempo en que se compraron las propiedades, la única ocupación de ambos era ser investigadores de tiempo completo en la UNAM con un salario de 28 mil pesos mensuales cada uno.

Irma Eréndira Sandoval, hoy secretaria de la Función Pública, dejó atrás esa exigencia de transparencia que  tuvo ante los escándalos inmobiliarios del gobierno de Peña Nieto. Ella no se limitó a negar o a tratar de justificar los hechos como lo hicieran en su momento Peña Nieto, Angélica Rivera, Videgaray y Osorio Chong. Fue más allá y reaccionó en forma virulenta contra el mensajero; en tono amenazante advirtió que no permitirá ningún “sicario mediático”  manche su nombre ni detenga su lucha contra la corrupción. El lenguaje usado por la funcionaria le valió un llamado de atención por parte de Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien advirtió de los riesgos que entraña que desde el poder se amenace a los periodistas.

Por lo que respecta a Ackerman, tanto en Twitter como en Facebook, no escatimó adjetivos y apodos hacia Carlos Loret de Mola, a quien se refirió como “Loretito”, “Lord Montajes”, “sicario del periodismo” y otros motes que la han puesto los simpatizantes de la llamada “cuarta transformación” en las redes. También se lanza contra plataforma LatinUs la que, acusa, fue creada para fabricar mentiras.

En una extensa publicación en Facebook, el también conductor en Canal Once y colaborador de Proceso y La Jornada también archivó sus exigencias de transparencia con los gobiernos pasados. En tono retador e intimidatorio, afirma que su esposa y él no están obligados “a explicarle nada a nadie con respecto al patrimonio privado que alcanzamos a construir con gran esfuerzo, y con las generosas aportaciones de nuestros familiares, antes de que Irma Eréndira ocupara cargo público alguno”.

Asimismo, amaga con denunciar a Loret de Mola tanto en México como en Estados Unidos, por lo que llamó su “criminal reportaje” y lo responsabilizó de cualquier “extorsión” o agresión que pueda sufrir.

Como colofón, Ackerman se dio a la tarea de escribir este fin de semana, un texto para la versión digital de Proceso, prolijo en lugares comunes, donde acusa una gran conspiración de los medios nacionales e incluso internacionales, contra la “cuarta transformación”.

“La vasta mayoría de los periodistas y los medios de comunicación nacionales tienen una predisposición a golpear, atacar y tergiversar las acciones y los pronunciamientos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.  El posicionamiento de la mayor parte de la prensa extranjera es igualmente sesgado y parcial”, señala.

Con una visión maniquea de lo que debe ser el periodismo, lamenta que medios que antes acompañaban la “lucha contra el despotismo del PRIAN”, hoy le hayan volteado la espalda el gobierno. Y remata con que los “periodistas de izquierda” en los que él se incluye, seguirán abriéndose paso en la “oposición mediática”.

“Los periodistas de izquierda seguimos hoy luchando desde la oposición dentro del escenario mediático.  Somos una voz claramente minoritaria dentro de un mar conservador en que el “sentido común” hegemónico sigue siendo el de golpear a toda costa al gobierno actual y a quienes lo apoyan”, concluye.

A la usanza del viejo régimen, ese que de acuerdo al gobierno de López Obrador ya era parte de la historia, hubo una “cargada” de funcionarios del gabinete federal que a través de sus cuentas de Twitter respaldaron a Irma Eréndira Sandoval ante los ataques “arteros” de Loret de Mola. La plataforma LatinUs emitió un boletín en donde advierte en esta acción un intento de intimidación.

Mientras fueron oposición aplaudieron a Aristegui por el reportaje de la Casa Blanca y hoy la atacan por el seguimiento que ha dado a la crisis en Notimex. Celebraron al WSJ por sacar a la luz la casa de Videgaray y ahora hacen eco de lo que el propio López Obrador ha dicho respecto a ese diario: que no es objetivo ni profesional porque cuestiona que México avanza hacia la restauración del país de un solo hombre.

Hoy LatinUs es vapuleado por Ackerman y el lopezobradorismo, por sacar a relucir el patrimonio que él y su esposa Irma Eréndira Sandoval no incluyeron en su declaración. Y olvidan, convenientemente, que fue precisamente en esa plataforma donde se reveló el video de asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco. Sí, ese caso que en semanas pasadas les dio la pauta para emprender una embestida y  ajuste de cuentas contra el gobernador jalisciense Enrique Alfaro, quien con frecuencia cuestiona las decisiones presidenciales.

Irma Sandoval y John Ackerman se equivocan: el periodismo no le pertenece a ninguna ideología. Dentro del amplio espectro mediático ha habido históricamente voces oficialistas, militantes y también críticas que cuestionan y documentan los abusos de poder. Son las posturas de los personajes públicos de la llamada “cuarta transformación”  las que han cambiado. Pero muy a pesar de ellos y de cualquier gobierno, sea del signo que sea, el periodismo seguirá existiendo.

 

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