La Cámara de Diputados de San Luis Potosí aprobó iniciar un juicio de procedencia contra los magistrados electorales del estado, Rigoberto Garza y Oskar Kalixto Sánchez, por violencia de género, acoso y discriminación en contra de Yolanda Pedroza Reyes.
Esto luego de un largo litigio que empezó en 2015 ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuando Pedroza Reyes acusó a sus compañeros de no permitirle asumir el cargo de presidenta del Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí y de comentarios y acciones misóginas.
Con 11 votos a favor y 10 en contra, el Congreso local aprobó iniciar el proceso para quitar el fuero a los magistrados y se pueda proceder contra ellos, luego de la intervención de varias instancias de procuración de justicia.
Luego de la queja que interpuso ante el Poder Judicial del Estado, el 30 de marzo de 2016 su caso fue turnado a la Sala Superior del TEPJF, quien ratificó la denuncia de violencia política por lo que se turnó el expediente al Senado y a la Contraloría Interna del Tribunal.
Al mismo tiempo, la magistrada inició una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y solicitó apoyo de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (Fepade).
El Senado turnó el caso a la Cámara de Diputados de San Luis Potosí porque tenía las atribuciones para proceder, mientras que la Fepade hizo lo mismo pero con la procuraduría estatal, instancia que recibió una recomendación de la CEDH para integrar la averiguación de la magistrada.
En entrevista para Proceso, Yolanda Pedroza confesó que la violencia en su contra persiste, por lo que confió en que los diputados procedan en contra de sus compañeros con base en las pruebas que recolectó.
“La carpeta está integrada de tal manera que no creo que los diputados tengan alguna duda o crean que se está exagerando con el tema; se tiene por acreditado que hubo mobbing laboral, una acción concertada de mis compañeros hacia mi persona que obstaculizaban mis labores como magistrada; se me negaba información o documentos para hacer mi trabajo. Ahora el propósito es imponerles una sanción. Ha sido un camino muy largo, de más de un año para lograrlo”, declaró la magistrada.
mahy
