Jesús Zambrano Grijalva, Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó al mandatario Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de su Gabinete que conforman el “Consejo de Seguridad Nacional”, de violar una sentencia judicial que otorga una suspensión definitiva contra la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento del Tramo 5 del Tren Maya (hasta hoy manejado por Fonatur), al denominarlo ente “de seguridad nacional”.
Zambrano Grijalva censuró el hecho de que, al más puro estilo autoritario y sin un indicio de voluntad para reunirse con organizaciones ambientalistas, expertos y sociedad civil, López Obrador pretende imponer su capricho a toda costa, incluso violentando acuerdos y ordenanzas nacionales e internacionales para construir una obra que, a todas luces, figura como un fracaso más y un costo económico y ecológico que habremos de pagar todas y todos los mexicanos.
EL titular de Fonatur, Javier May Rodríguez, anunció que a partir de una Declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional (conformado solo por funcionarias y funcionarios del Gabinete presidencial) se determinó que la obra del Tren Maya recibe esta designación y pasa a ser responsabilidad de las Secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de Gobernación “para garantizar que no sea frenada por ningún juicio de amparo”.
Sin embargo, queda claro que esta decisión del Ejecutivo desnuda el tufo autoritario y ecocida de este gobierno al pretender violar una sentencia de amparo, concedida el 30 de mayo pasado por el Juez Adrián Fernando Novelo Pérez, en Yucatán, quien concedió la suspensión definitiva de las obras del Tramo 5 sur del Tren Maya, que corre de Tulum a Playa del Carmen, en Quintana Roo.
En este sentido, el líder perredista recordó que el Senado de la República presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto de López Obrador, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2021, por el que las obras prioritarias de infraestructura son consideradas “de seguridad nacional”.
El INAI también impugnó este Acuerdo y, en consecuencia, la SCJN declaró la suspensión parcial del acuerdo en cuanto hace al acceso a la información relativa a tales proyectos.
Existen de hecho –explicó- múltiples amparos que han derivado en suspensiones provisionales del Tren Maya, y la más reciente es la del 30 de mayo, por lo que el proceso legal se prevé largo, lo que –sin duda- preocupa a López Obrador, a quien urge que el proyecto esté terminado a finales de 2023.
En este caso, las partes que han impugnado la constitucionalidad del Decreto pueden solicitar nuevamente la suspensión de su aplicación, lo cual el PRD acompañará, asentó.
El dirigente perredista citó que el proyecto del Tren Maya ha sido manejado hasta hoy por Fonatur y al tomar la decisión de continuar con la obra, el Ejecutivo y su “Consejo de Seguridad” quebrantan una sentencia cuya sanción va desde una amonestación pública o privada, una multa pecuniaria, hasta la destitución del cargo.
Finalmente, Jesús Zambrano precisó que, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere que la suspensión definitiva sea levantada, está obligado a actuar conforme a la ley y presentar las pruebas que dieron origen al amparo para que el propio Juez, Novelo Pérez, proceda en consecuencia, mas no pretendiendo hacer parecer que las normas que nos hemos dado pueden ser violadas por el primero que está obligado a hacerlas respetar, remató.
