El exsecretario de Economía, Idelfonso Guajardo, acusó una persecución política por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que ésta diera a conocer un boletín urgente en donde anuncia de su vinculación a proceso por parte de un juez, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
En entrevista con Carlos Loret de Mola para W Radio, el exfuncionario aseguró que los cargos que le imputan no tienen sustento legal, toda vez que parten de una serie de observaciones que le hizo la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde el inicio de la presente administración, por una serie de inconsistencias que encontraron en las declaraciones patrimoniales que presentó durante su encomienda como secretario de estado.
Tras asegurar que todas y cada una de dichas observaciones fueron atendidas y aclaradas con oportunidad, Guajardo Villarreal cuestionó la actuación de la FGR, toda vez que sin esperar los plazos que marca la ley para que él pueda aportar las pruebas de su inocencia, se apresuró a exigir que se le impida tomar protesta como diputado, lo cual es una irregularidad.
Se dijo tranquilo porque tiene todos los elementos para demostrar el origen lícito de su patrimonio y que las inconsistencias halladas en sus declaraciones patrimoniales, fueron solventadas en su totalidad.
Cuestionado acerca de las razones de una persecución política, dijo no saberlas con precisión, sin embargo, apuntó que durante la campaña para la elección de gobernador en Nuevo León hizo algunas críticas al actual gobierno que quizá les hayan incomodado, o bien, tal vez se deba a que en breve formará parte del bloque opositor en la Cámara de Diputados.
De manera sorpresiva, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un escueto comunicado, en el cual informa que a través de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), obtuvo de un juez de control con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la vinculación a proceso en contra de Ildefonso Guajardo, por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.
En el documento, asegura que el imputado registró entre 2014 y 2018 un incremento injustificado en su patrimonio, cuyo origen no acreditó. Por ello, se le impusieron medidas cautelares como la firma periódica y la prohibición de salir del país.
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