Va por México, contra Presupuesto 2022 en la Corte por regresividad social y democrática

Cuartoscuro

Porque transgrede el principio de progresividad en términos sociales y democráticos, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es motivo de una acción de inconstitucionalidad que la alianza Va por México presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La alianza de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) informó que fue presentada este día la acción de inconstitucionalidad contra el PEF 2022 (como se recordará, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, encabezada por Morena, no quiso realizar ninguna modificación al proyecto del gobierno) debido a que viola el principio de progresividad establecido en el artículo primero de la Constitución.

Ese artículo constitucional dice, a la letra: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Según explicó Va por México, el PEF es regresivo debido a que recortó y no aumentó los recursos destinados a proteger y garantizar los derechos humanos de los mexicanos, lo que va en contra del principio de progresividad, que, como ha reconocido con anterioridad la SCJN, busca que los derechos se desarrollen de forma gradual y evolutiva.

Para sostener la acción de inconstitucionalidad, Va por México señaló varios programas que fueron afectados por el PEF, como el Instituto de Salud para el Bienestar, que no garantiza la cobertura para beneficiarios, así como el recorte de 10 mil millones de pesos para atención médica y medicamentos gratuitos para personas sin seguridad social.

Otros aspecto en los que el PEF es regresivo es en programas como el de combate al rezago educativo y la desaparición de escuelas de tiempo completo y de atención a la diversidad indígena; también los de atención a la violencia contra las mujeres y de atención a la protección del medio ambiente, entre otros.

Los representantes del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados (Jorge Romero Huerta, Rubén Moreira Valdez y Luis Espinosa Cházaro, respectivamente) también señalaron que el PEF 2022 es una amenaza contra la democracia porque afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral al obligarlo a cumplir su mandato constitucional sin recursos suficientes, por lo que se viola el derecho de los mexicanos a participar en procesos democráticos como la revocación de mandato.

También consideraron sobre la no regresividad que cuando se alcanza un nivel determinado de satisfacción de derechos, se convierte en el estándar mínimo en el que no se puede dar marcha atrás; además, la progresividad implica que se deben adoptar las medidas necesarias para dar el máximo de recursos disponibles para la efectividad de los derechos. Estas dos condiciones no se cumplen con el PEF 2022.

El principio de progresividad fue incluido en el artículo primero de la Constitución en la reforma de derechos humanos realizada en junio de 2011. Entonces se incluyó el principio de progresividad, que implica la prohibición de regresión y el máximo uso de recursos disponibles. La primera hace referencia a que el Estado no puede disminuir el grado alcanzado en la satisfacción de los derechos, y el segundo a que se deben adoptar las medidas concretas para el uso efectivo y eficiente de los recursos financieros para garantizar aquellos.

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