Con el objetivo de que defensores de derechos humanos y periodistas puedan desarrollar sus actividades de una forma libre y segura, cuatro organizaciones y la Unión Europea presentaron ayer un proyecto de protección integral para ellos.
Las asociaciones participantes son Artículo 19, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), Brigadas Internacionales de Paz (BP) y Casa del Migrante Saltillo (CMS), que elaboraron el proyecto “Hacia una política pública de protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, con el que pretenden construir una política de protección integral para los defensores de derechos humanos y periodistas.
En la presentación del proyecto Jean Pierre Bou, encargado de Negocios de la Unión Europea en México, comentó que “la firma de este contrato nos permitirá continuar contribuyendo, por un lado, al apoyo del importante rol que la sociedad civil juega en materia de promoción y protección de los derechos humanos en el país y, por el otro, respaldar la importante tarea de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes día con día se juegan su seguridad y su vida para que nosotros podamos continuar disfrutando de nuestros derechos humanos”.
La gravedad de las agresiones contra activistas de derechos humanos periodistas se pueden apreciar en número como los siguientes: según Artículo 19, desde 2000 y hasta hoy, han sido asesinados 131 periodistas en el país, mientras que un conteo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos establece que 182 defensores de derechos humanos han sido victimados.
También se debe recordar que mil 209 personas han sido atendidas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de las cuales 717 han sido activistas y 492 periodistas.
Por lo anterior, se busca que esa política de protección incluya la prevención, protección, procuración de justicia y reparación integral del daño de casos de agresiones y delitos contra activistas y reporteros.
Esa política tiene tres actores fundamentales: el gobierno, que debe proteger el trabajo periodístico y la defensa de los derechos humanos; la sociedad, que debe tomar mayor conciencia de la importancia de esas labores para un país democrático e incluyente, y los propios defensores y periodistas, que deben actuar bajo un plan de autoprotección.
Como se informó, el proyecto tiene tres ejes: la incidencia, el fortalecimiento y la comunicación, además de una perspectiva que va desde instancias locales hasta las federales.
La Unión Europea aportará 800 mil euros por un periodo de 36 meses.
