El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, impulsó una reforma para incluir en la Constitución la figura de revocación de mandato. Con el lema de que “el pueblo pone y el pueblo quita”, su idea es que a la mitad del Gobierno el mandatario se someta de nuevo a las urnas.
El 1 de diciembre se cumplen tres años de la presidencia de López Obrador y, si bien él fue electo para gobernar hasta 2024, la reforma constitucional incorporó artículos transitorios para que la revocación de mandato pueda celebrarse en 2022.
La Constitución dice que para que ocurra la revocación de mandato lo debe solicitar al menos el 3% de los ciudadanos del listado nominal de electores por “pérdida de confianza” en el gobernante y, si se reúnen esas firmas (equivalentes a 2.758.077 personas), el Instituto Nacional Electoral (INE) convocará al ejercicio.
En México, el actual presidente tiene alta aprobación y no hay ninguna fuerza política o corriente de opinión relevante que exija el cese del Gobierno. Sin embargo, y aquí la gran paradoja, quien busca que se realice la revocación de mandato son el presidente López Obrador y Morena, su partido político.
¿Alguien imagina a Trump o a Nixon como impulsores de un impeachment contra sus presidencias o que en los regímenes parlamentarios las bancadas del Gobierno propusieran mociones de censura? Pues así están las cosas en México, el mundo al revés.
Mas no se trata sólo de una paradoja. Actualmente hay en México decenas de quioscos donde se piden firmas “para que siga López Obrador”, de tal suerte que la revocación, que es la palabra que incorpora expresamente la Constitución, puede devenir en “ratificación”. Lo que se diseñó como un instrumento para quienes disientan del Gobierno, se quiere emplear como una herramienta de afirmación desde el poder mismo.
El Congreso aprobó apenas en septiembre pasado la Ley de Revocación de Mandato, que dispone que la autoridad electoral debe instalar tantas mesas para sufragar en ese ejercicio como en una elección nacional, lo cual hace sentido: si puede caer el presidente por una votación, la misma debe realizarse con los mismos estándares que una elección presidencial.
Si la revocación se toma en serio, su posible consecuencia directa, la interrupción de un mandato, puede tener efectos serios sobre la estabilidad política, económica y social del país. Baste decir que en México desde 1932 ningún presidente ha dejado de cumplir con su periodo de Gobierno.
No obstante que López Obrador y su partido son quienes desean la revocación, decidieron en el Congreso de la Unión, donde son mayoría, reducir el presupuesto del INE para 2022 por un monto de 4.900 millones de pesos (208 millones de euros). El INE había solicitado recursos por 3.800 millones de pesos (162 millones de euros) para instalar 161.000 mesas donde pueden participar 91,4 millones de ciudadanos. Es decir, la decisión del Gobierno fue quitar al INE todos los recursos necesarios para hacer posible la revocación y restarle, adicionalmente, casi otros 1.000 millones de pesos (46 millones de euros).
La trampa al Instituto Nacional Electoral, el árbitro de la democracia mexicana, está tendida en tres actos: 1) se le obliga a hacer revocación de mandato; 2) se le asfixia financieramente; y 3) se le acusa de incumplir con sus obligaciones constitucionales. Es la antesala de un nuevo ataque desde el poder hacia el instituto electoral independiente que ha hecho posible que México cuente con elecciones genuinas. Malos tiempos para las instituciones de la democracia.
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