Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) calificó de inconstitucional la reforma legal que permitió la ampliación de mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años. Esta sentencia no implica la derogación de la reforma, ya que ello solo puede decidirlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con información de Reforma, la opinión jurídica SUP-OP-5/2019 emitida por la máxima autoridad electoral señala que la reforma efectuada a la constitución de Baja California a mediados de este año y publicada en octubre pasado “se aparta de la regularidad constitucional”.
“El Decreto 351, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve por el que se reforma el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución local, de once de septiembre de dos mil catorce, se aparta de la regularidad constitucional”.
Esta opinión jurídica fue enviada a la Suprema Corte de Justicia, la que, en última instancia, habrá de determinar la constitucionalidad o no de la reforma legal, conocida popularmente como Ley Bonilla.
La SCJN se encuentra trabajando para resolver un conjunto de acciones de inconstitucionalidad interpuestos por actores políticos del PAN y del PRD.
La reforma fue propuesta por diputados locales morenistas y aprobada por ellos con el apoyo de diputados panistas, de la legislatura pasada, quienes fueron posteriormente expulsados del partido y acusados de haber recibido sobornos por parte de Bonilla, prominente empresario, militante de Morena.
Bonilla ha argumentado que la ampliación de mandato es legal y va de acuerdo con los criterios del INE.
Asimismo, a través del nuevo Congreso local, organizó una “consulta ciudadana” para que los habitantes del estado optaran por una de dos alternativas: mandato de dos años o mandato de cinco años.
Dicha consulta fue severamente criticada en todo el país y se señaló su carácter no vinculante. Sin embargo, al haber arrojado una mayoría a favor del mandato de cinco años, fue clave para que la nueva legislatura local publicara la ley, luego de varios meses de polémica
Diversos actores intentaron frenar la publicación de la ley, acudiendo a la SCJN, pero ésta señaló que no se podía pronunciar sobre una reforma que no había sido publicada. Así que tuvo que esperarse a la publicación, para posteriormente admitir los recursos en contra de la ley y proceder a su análisis.
El proceso para determinar la constitucionalidad o no de la Ley Bonilla puede llevar meses.
