Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), suspender la asignación de subsidios para la operación de refugios que atienden a mujeres en una condición de violencia extrema, significa dejarlas en la indefensión ante la problemática que padecen y se les niega la protección de sus derechos fundamentales.
En un comunicado, el organismo exhortó al gobierno federal a reconsiderar esta disposición y evaluar las afectaciones que puede tener para las mujeres y sus hijos, al ser expuestos nuevamente a entornos de violencia, que ponen en riesgo sus vidas. Asimismo, urgió a las autoridades a instrumentar las acciones necesarias para garantizar su seguridad en tanto se toma una decisión definitiva sobre este programa.
Recordó que el Estado mexicano tiene obligaciones plasmadas en la Constitución, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y otros ordenamientos en donde se estipula que deben ofrecerse servicios destinados a las víctimas de violencia doméstica, incluido el establecimiento de refugios y procurar en todo momento el acceso y disfrute de las mujeres, sus hijas e hijos a una vida libre de violencia. Advierte que al no cumplirse estos mandatos legales, se da la pauta para el incremento de las agresiones físicas y psicológicas hacia las mujeres e incluso, de feminicidios.
“Para esta Comisión Nacional, la falta de recursos para la operación de los refugios puede afectar la dignidad de las mujeres víctimas de violencia extrema y de sus menores hijas e hijos al poner en riesgo el cumplimiento efectivo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el interés superior de la niñez, sin omitir que puede ampliarse la prevalencia de la violencia feminicida en el país, al tiempo que expresa su preocupación por el destino que tendrán los 21 procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra Mujeres que actualmente están activos y que cubren más de la mitad del territorio nacional”, indica el documento.
Destacó que con base en datos del INEGI, el 66.1% de las mujeres de 15 años y más, ha enfrentado al menos un incidente de violencia alguna vez en su vida. Asimismo, las más recientes cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2018 fueron asesinadas 3 mil 580 mujeres en todo el país.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos subraya que las mujeres, sus hijas e hijos, víctimas de violencia, tienen derecho a contar con espacios dignos de protección y con la posibilidad de reestructurar su proyecto de vida”, concluye el boletín.
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