La Suprema Corte echa abajo prisión preventiva para delitos fiscales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó inconstitucionales los cambios a diversas leyes por las que se establecía prisión preventiva oficiosa a inculpados por los delitos de defraudación fiscal, utilización de facturas falsas y contrabando.

Este lunes, por ocho votos a favor y dos en contra, el máximo tribunal se pronunció en contra de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para casos de diversos delitos fiscales, como se había establecido en el decreto publicado el 8 de noviembre de 2019 que reofrmó disposiciones de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como en los códigos Nacional de Procedimientos Penales y el Fiscal de la Federación.

El ministro ponente fue José Fernando Franco González Salas, quien en su documento proponía rechazar los argumentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de miembros del Senado de la República y así declarar la validez de las disposiciones cuestionadas. Sin embargo la mayoría de los magistrados rechazó su ponencia, por lo que el asunto será turnado a otro ministro para que elabora una nueva propuesta de resolución en la que también serán abarcados los restantes temas planteados.

Las disposiciones que fueron invalidadas por la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y miembros del Senado de la República, fueron los artículos 5, fracción XIII de la Ley de Seguridad Nacional (que consideraba amenazas a la seguridad nacional actos contra el fisco federal); el artículo 167, párrafo séptimo, fracciones I, II y III del Código Nacional de Procedimientos Penales (que establecía la prisión preventiva oficiosa para el contrabando, la defraudación fiscal y la utilización de facturas falsas) , así como el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación.

Varios ministros consideraron excesivo considerar a los delitos señalados como amenaza a la seguridad nacional, por lo que no amerita la prisión preventiva en los términos establecidos por la Constitución. Otros argumentaron la inconstitucionalidad porque la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional aplicable sólo cuando hay un riesgo comprobado de que la persona pueda huir de la acción de la justicia.

Al respecto, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, expresó que “la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, por ser contraria al principio de presunción de inocencia. Al interpretar la Constitución estamos obligados a hacerlo a la luz del artículo primero constitucional y privilegiar el principio pro personae”.

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