AMLO revisa libertad de expresión por excolaboradora de Moreira

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El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy, a propósito del caso de Sergio Aguayo, que turnará a su Consejería Jurídica la revisión de una propuesta de reforma a la ley que, a la vez, garantice la libertad de expresión y el respeto a la honra de los ciudadanos. Lo hizo a sugerencia de Isabel Arvide, quien fue asesora de seguridad de Humberto Moreira cuando fue gobernador y lo ha defendido con motivo de las investigaciones en su contra.

El mandatario ofreció esa respuesta a pregunta de Isabel Arvide, quien descalificó a Sergio Aguayo como periodista (el que, dijo, “es un académico y es un grupo de poder”) y defendió al juez del litigio que mantiene con Humberto Moreira, además de que recordó su propio caso cuando llamó “encueratriz” a Sasha Montenegro.

De su propio litigio, Arvide recordó que tuvo cuatro juicios, en los que, según mencionó, incluso la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, se abstuvo de opinar. Al final, dijo, incluso perdió su casa “por una sola palabra”.

Sobre el caso de Aguayo, Arvide defendió al juez Huber Olea “porque la ley dice que sea verdad o mentira lo que alguien dice, así lo dice textualmente, lo que se juzga, el delito, lo que lo tipifica es la intencionalidad de causar daño, desdoro.

“Y como cualquier periodista lo que quiere es que algo se sepa en automático, el juez dice: ‘Tenías la intención de, al darlo a conocer, causarle daño’”.

Debido a lo anterior “el magistrado tiene toda la razón”, dijo Arvide, que añadió que “mientras no se cambie la ley va a seguir pasando y va a seguir atentándose a la libertad de expresión, porque si su gobierno está hablando de la verdad y de lo importante que es la verdad, esa ley y muchas otras tendrían que estar atenidas a la verdad”.

De allí derivó a la pregunta de si el presidente estaría dispuesto a cambiar esa ley (ni Arvide ni el presidente mencionaron en su intercambio a cuál ley se referían en concreto), lo que, en su opinión, “bastaría simplemente para proteger también la honra de la gente para que no hubiera fake news, para que no le puedan decir mezquino impunemente”.

Por la tarde el periodista Javier Garza Ramos recordó en Twitter que Arvide trabajó como una suerte de asesora de Humberto Moreira en el diseño del llamado Modelo Coahuila, proyecto de seguridad implementado por el gobierno del estado. Añade, sarcástico, el periodista: “Tan bien funcionó que los homicidios en #Torreón, por ejemplo, aumentaron de 40 en 2007 a más de 700 en 2012”.

Ese trabajo con Moreira lo ha reconocido Arvide, quien en el blog Estado Mayor publicó un texto en enero de 2016, en una respuesta a un texto de Juan Veledíaz (https://isabelarvide.com/fmia_60372), en el que afirma que ella y el general Mario Marco Antonio González Barreda diseñaron el Modelo Coahuila, “que ha sido el experimento de mayor participación de jefes militares en funciones de seguridad en una entidad”.

Y añade que “los meses que combatimos la criminalidad, yo era la coordinadora, los pagamos con muchas amenazas de muerte, con el asesinato del coronel Arturo Navarro López”.

En el texto, en el que acepta el fracaso de esa lucha contra los criminales después de año y medio, también asume la defensa del exgobernador de Coahuila: “Repetir las acusaciones que todos los medios de comunicación han hecho contra Humberto Moreira a partir de su detención en España, donde el delito que se le imputa es el origen de los 200 mil euros que depositó en cuentas en bancos españoles a su nombre (todo dentro de la Ley, sin ocultar nada) mismos que utilizó para su manutención durante dos años, no me parece que ayude a la divulgación de la verdad.

“Si Moreira fuese un delincuente podría haber llevado dinero en efectivo y vivir así, sin cuentas bancarias.  Como hacen los criminales”.

Cabe señalar que Aguayo ha estado investigando la incursión de los Zetas en Coahuila cuando esta entidad era gobernada por Moreira. Ayer, en su artículo en Reforma, escribió lo siguiente: “La demanda de Humberto Moreira en mi contra, por 10 millones de pesos, nunca buscó restañar su honor. Para mí ha sido un ejercicio de intimidación y desgaste que ha buscado arruinarme por investigar la manera como los Zetas se apoderaron de varias regiones de Coahuila cuando él era Gobernador de esa entidad”.

Asimismo, Aguayo anunció que en abril próximo presentará la tercera de sus investigaciones sobre la delincuencia en Coahuila, que será “sobre la derrota Zeta en La Laguna”.

EL PRESIDENTE ACEPTA

A López Obrador le pareció bien la propuesta de Arvide, la que se comprometió a revisar “porque esto puede ayudar mucho a todos, a todos para que no haya censura y, al mismo tiempo, se proteja el derecho que tienen los ciudadanos a mantener su dignidad, a garantizar su dignidad. Pero sí lo vamos a tomar en cuenta”.

El asunto pasará a su Consejería Jurídica para que analice si se puede hacer la reforma correspondiente para conciliar libertad de expresión y protección a la honra de los ciudadanos.

La siguiente intervención en la conferencia de prensa de hoy fue de Daniel Marmolejo, quien dijo que en su medio han investigado la conducta del magistrado Francisco José Huber Olea Contró, a quien, dijo, “dentro de los foros universitarios es conocido por los estudiantes por voltear la ley”. Y destacó que “si el Consejo de la Judicatura hubiese tomado cartas en el asunto, quizás el caso Aguayo hubiese sido analizado de manera diferente”.

A continuación el presidente manifestó su confianza en la renovación del Poder Judicial y en el presidente de la SCJN, para que ésta siga siendo “no la suprema corte del derecho, sino de la justicia”.

También expresó que integrar voces jóvenes en el sistema público de radio y televisión “no tiene por qué significar abyección, sometimiento al régimen; o sea, qué me puede importar si un conductor de un programa de radio, de televisión, de la radio, de la televisión del Estado me hace un cuestionamiento, si eso es la democracia”.

Apenas el pasado 29 de enero, durante la conferencia de prensa presidencial, Denise Dresser (a quien Arvide posteriormente acusó en Twitter de hasta haber llevado su propio fotógrafo, lo cual fue desmentido por otros periodistas) también abordó el caso de Aguayo y de las reformas penales que se atribuyeron a la Fiscalía General de la República, e inquirió al presidente sobre el compromiso de su gobierno y de su partido para no impulsar leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas.

Al cuestionamiento López Obrador respondió: “Claro que sí, por convicción”. Y añadió que “nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir”.

Continuó: “Hay quienes por falta de información nos confunden, y hay quienes, porque tienen posturas distintas a las nuestras, inventan; o sea, difaman con la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia, cuando no mancha, tizna”.

Cuando la articulista de Proceso y Reforma le aclaró que miembros de su gabinete “tuitean contra periodistas y los difaman y los calumnian”, dijo que hay que evitarlo y que “hay que tratar de que se mantenga el debate de ideas sin faltarle el respeto a nadie”.

Asimismo, ayer Pedro Salazar Ugarte publicó en El Financiero un análisis de la sentencia de Francisco José Huber Olea Contró, que condenó a Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos a Humberto Moreira por daño moral. En su texto el especialista señala que el juez se ciñó a lo contemplado en el Código Civil de la Ciudad de México, sin considerar otro ordenamiento jurídico especial, que es la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, además de otras sentencias de la SCJN y tratados internacionales.

Salazar Ugarte concluye que Huber Olea Contró “ignoró todo lo anterior y eligió el derecho que le permitió sancionar sin razón y sin proporción. Su decisión es inconstitucional, inconvencional e ilegal al mismo tiempo”.

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