jueves 28 marzo 2024

Someter derechos a consulta, propuesta antidemocrática: PRD

por etcétera

La Dirección Nacional de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática (PRD), rechaza la intención retardataria y antidemocrática de distintos jerarcas religiosos de someter a consulta ciudadana los derechos de las poblaciones LGBTTTI.

Las expresiones de Carlos Garfias Merlos, vicepresidente de la Confederación del Episcopado Mexicano, en el sentido de realizar “verdaderas consultas ciudadanas” sobre el matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo, indudablemente atentan contra la laicidad del Estado mexicano y fomentan el odio a las poblaciones de la diversidad sexual.

El derecho a la igualdad y a la no discriminación por el que durante décadas han luchado los movimientos libertarios, está plenamente garantizado en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ley suprema que los ministros de culto están obligados a respetar.

Calificar desde los púlpitos como “embate legislativo” toda iniciativa en favor de la progresividad de derechos, también violenta el artículo 130 constitucional que claramente prohíbe a los ministros de culto asociarse con fines políticos, así como oponerse a las leyes del país y a sus instituciones.

Los líderes religiosos también desdeñan la tesis jurisprudencial 43/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la cual califica como inconstitucional toda ley que defina al matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer con fines de reproducción.

Las advertencias de Misael Ramírez, presidente del Consejo Interreligioso de Jalisco, de llamar a movilizaciones y emprender acciones legales cuando fuerzas políticas progresistas como el PRD, presenten iniciativas en la Cámara de Diputados, profundizan la asimetría del ejercicio de derechos y fortalecen la miopía de una visión dominante y binaria de la sexualidad.

La exigencia de los purpurados al Poder Legislativo de someter a consulta los derechos de las personas resulta inadmisible y meritoria de una investigación, y en su caso, una sanción por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para obligarlos a actuar dentro del marco de la ley.

Descalificar al matrimonio igualitario como una figura jurídica protectora de los derechos de las personas LGBTTTI, también desconoce la Recomendación General Número 23 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que llama a los titulares de los Poderes Ejecutivos y a los Órganos Legislativos a permitir el acceso al matrimonio a todas las personas.

Tal como lo ha hecho desde mayo de 2016, el PRD no dejará de exigir a la SEGOB que haga cumplir la ley en torno a las expresiones y acciones emprendidas por líderes religiosos en contra del Estado laico, pues cualquier omisión por parte de esta dependencia contribuye al fortalecimiento del estigma y la discriminación.

De esta manera, y en vísperas de que entre en funciones la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, el PRD reafirma su compromiso irrenunciable con los derechos y libertades, así como con impulsar una agenda partidista inclusiva y garante de los principios que lo identifican como una izquierda verdadera, libertaria y progresista.

A diferencia de otras expresiones políticas, el PRD, tal como lo ha hecho a lo largo de su historia, no dejará de reivindicar el derecho al matrimonio igualitario sin ningún tipo de discriminación y sin trastocar el derecho de adopción, así como el de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.

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