De las gestiones de José Antonio Meade Kuribreña y Luis Miranda Nava al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), está pendiente por aclarar el destino el destino de 284.8 millones de pesos, que en teoría se emplearon para el pago de los beneficiarios de diferentes programas sociales y para obras que finalmente no se realizaron.
Según los resultados de 12 auditorías efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el periodo comprendido entre agosto de 2015 y enero de 2018, se produjo un daño patrimonial por 285.1 millones de pesos, de los cuales únicamente se recuperaron 300 mil pesos. Se revisaron los recursos de un total de ocho programas sociales que operaba la Sedesol, reporta Milenio.
El que mayor irregularidades presentó fue el Programa de Empleo Temporal, cuyo monto asciende 122 millones 792 mil 768.66 pesos; de este total se determinó un daño patrimonial por 50 millones 150 mil 492 pesos, dinero con el cual presuntamente se pagaron adeudos de ejercicios fiscales, pero al no existir la documentación que así lo demuestre, no se puede comprobar que en efecto se usaron para ese objetivo.
Por lo que respecta al programa de Pensión para Adultos Mayores, las anomalías se calcularon en 3 mil 110 millones 152 mil, recursos que estaban destinados al pago de este apoyo para 556 mil 548 beneficiarios que por diversas razones no fueron encontrados. También se encontraron registros duplicados por los cuales se erogaron 289 millones 602 mil pesos. Asimismo, se pagaron otros 64 millones 152 mil pesos a 16 mil 997 personas que ya habían fallecido.
De igual manera, la ASF acreditó otro daño patrimonial por 56 millones 87 mil 741, monto aparentemente utilizado en la ejecución de 705 obras diversas en Baja California, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa, de las cuales no se aportó la documentación comprobatoria correspondiente. Lo mismo aplicó para 15 millones 365 mil 376 pesos que supuestamente se destinaron a obras realizadas para rehabilitación de viviendas en varios municipios de Puebla.
Cabe mencionar que la ASF no presentó ninguna denuncia penal en contra de los servidores públicos responsables de la Sedesol, por las irregularidades acreditadas durante el periodo analizado.
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