La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años al exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, por mentir en las declaraciones patrimoniales cuando era funcionario público, así como en este sexenio han mentido Manuel Bartlett, Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo o la propia titular de esta dependencia, Irma Eréndira Sandoval.
En un comunicado difundido esta mañana, la SFP informó que fue en mayo pasado cuando se determinó sancionar con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público al también exsecretario de Hacienda durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal.
Luis Videgaray fue notificado desde el pasado 11 de mayo, pero el anuncio se realizó hasta hoy por respeto, dice la dependencia, a la veda electoral.
Fue en junio de 2019 cuando la SFP inició la investigación patrimonial del exsecretario de Hacienda, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes “AgroNitrogenados”.
En esa sintonía, la dependencia de Irma Sandoval debería emitir sanciones contra los funcionarios públicos del actual gobierno que han mentido, falseado u ocultado información en sus declaraciones patrimoniales como lo hizo el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y a quien la dependencia que hoy sanciona a Videgaray, exoneró por completo.
Mismo caso el de la propia titular de la SFP, que no se sancionó a sí misma al mentir en su declaración de bienes, que posee conjuntamente con su esposo, el académico John Ackerman.
“La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades”, externa el comunicado.
Pero, en relación al caso de Bartlett, la resolución tomada por la SFP fue muy distinta. El 21 de diciembre de 2019, recién revelado que la pareja de Bartlett y el hijo de él poseen hasta 23 propiedades que el funcionario no declaró en su declaración como servidor público, Irma Eréndira dijo que se llegó a la conclusión de que no tenía obligación de hacerlo.
Esto, debido a que Julia Abdala, su pareja, no es su esposa ni su concubina.
“No reúnen el requisito de vivir juntos en el mismo inmueble por más de dos años, ni se acreditó que tengan hijos en común. Esto significa que el servidor público no tenía la obligación legal de declarar los bienes propiedad de Julia Abdala Lemus”, afirmó.
Respecto a los bienes que Bartlett sí declaró, dijo Sandoval entonces, son “congruentes” con sus ingresos como servidor público. De esta manera, el funcionario conservó su puesto y no recibió una sola sanción. Ante las intensas críticas que se generaron en medios, la funcionaria aseguró que la 4T no era tapadera de nadie.
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