La Secretaría de la Función Pública (SFP) a cargo de Irma Eréndira Sandoval, adquirió a sobreprecio pruebas para la detección de Covid-19; la compra se hizo a una empresa sin empleados ni experiencia en el ramo, reveló una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La dependencia pagó un millón 46 mil 250 pesos por 90 kits con 25 pruebas cada uno, es decir, el costo unitario por paquete fue de 11 mil 625 pesos sin IVA. Este precio fue tres veces mayor al que arrojaron cotizaciones hechas por el IMSS y otras dependencias federales con diferentes farmacéuticas que ofrecían el mismo producto a un costo que oscilaba entre 3 mil 100 y 3 mil 250 pesos.
La empresa beneficiada con esta compra fue Grupo Val Integra SA de CV, constituida en 2015 y cuya sede se ubica en un modesto departamento en la parte superior de una tienda de abarrotes en una colonia popular de Naucalpan, Estado de México. La firma no sólo carece de experiencia en el sector, sino que ni siquiera tiene empleados.
Grupo Val Integra SA de CV cobró a la SFP 465 pesos por cada prueba aplicada. Sin embargo, un comparativo realizado por MCCI, en el mercado había otras cotizaciones más económicas. Salud Digna, cobraba a 260 pesos la toma de cada muestra; las Farmacias del Ahorro, 299 pesos y Farmacias Benavides, 349 pesos.
Consultado al respecto por MCCI, Víctor Omar Pérez, administrador de esta compañía, justificó el sobreprecio con el argumento de que el contrato incluía, junto de los kits con pruebas, el servicio de toma de muestras en las instalaciones de la SFP. Esta misma versión fue corroborada por un portavoz de la dependencia federal.
El contrato fue suscrito el 24 de diciembre de 2020 por el director de Seguridad de la SFP, Álvaro García Galindo, quien tenía la encomienda de administrar y vigilar su cumplimiento. La asignación también tuvo el visto bueno de la Unidad de Administración, Ana Liza Gómez y la directora de Recursos Materiales, María de la Luz Padilla.
Antes de su cargo en la SFP, Álvaro García Galindo se desempeñó durante 20 años como policía y agente en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en la Secretaría de Desarrollo Social y en el Ejército, según se asienta en su declaración patrimonial.
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