Servidores de la Nación no tienen sustento jurídico; en la 4T se hacen bolas

Foto. Internet

A pesar de tener más un año en funciones, los llamados “servidores de la nación” se encuentran en la incertidumbre respecto a su situación laboral debido a que la creación de ese equipo de trabajadores no estuvo sustentada en la normatividad vigente y hasta la fecha se desconoce con precisión cuál es la dependencia responsable de ellos.

De acuerdo con un reportaje del periódico El Universal, la contratación de los 19 mil servidores públicos encargados de levantar los censos para la entrega de los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador,  no tiene fundamento en los reglamentos de la Secretaría del Bienestar ni tampoco en los de la Coordinación Nacional de Programas para el Desarrollo, la instancia que rige a los llamados “superdelegados”.

La única justificación que existe para la creación de esta estructura es una autorización de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría del Bienestar para el uso de recursos públicos para la contratación de personal por honorarios, régimen bajo el cual están contratados los “servidores de la nación”, sin embargo, en el detalle de la documentación se indica que dependen jerárquicamente de la Coordinación Nacional de Programas para el Desarrollo que, a su vez, depende de la Presidencia de la República.

En una solicitud de información que el diario hizo vía transparencia, se indicó que la contratación de los “servidores de la nación” se basa en el artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social (sic). No obstante, en éste sólo se hace referencia a la facultad de la dependencia para contratar personal por honorarios, en sus delegaciones estatales.

Sin embargo, en su comparecencia ante diputados el pasado 22 de octubre, la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, dijo que la creación de la figura de los “servidores de la nación” se basó en la autorización de Hacienda y el reglamento de la dependencia a su cargo, aunque también precisó si bien las delegaciones estatales dependen de la Secretaría, su operatividad está tutelada por la Coordinación Nacional de Programas para el Desarrollo.

Los “servidores de la nación” fueron reclutados desde el periodo de transición y desde que entró en funciones el nuevo gobierno firman contratos mensuales por honorarios y perciben un sueldo bruto mensual de 10 mil 217 pesos. La autoridad firmante es Teresa Reyes Sahagún, coordinadora de delegaciones de la Secretaría del Bienestar. En una las cláusulas de dicho contrato se establece que esta dependencia no adquiere ni reconoce obligación alguna de carácter laboral a favor del prestador de servicios, toda vez que no le son aplicables la Ley Federal del Trabajo ni la de Trabajadores al Servicio del Estado.

Consultado por El Universal, el especialista en derecho laboral Alfonso Bouzas, consideró que el Gobierno de México incurre en irregularidades e incluso en la ilegalidad al contratar bajo ese régimen a personal que maneja recursos públicos y también al negarles el derecho a tener prestaciones y generar antigüedad.

El diario quiso recabar la posición del Coordinador Nacional de Programas para el Desarrollo, Gabriel García, pero no obtuvo respuesta. Y en lo que respecta a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, en la dependencia únicamente se les remitió a las versiones de declaraciones que la funcionaria ha hecho respecto al tema.

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