Tras considerar que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) utiliza los programas sociales del gobierno federal para coaccionar el voto y la participación de la ciudadanía en el ejercicio de revocación de mandato y en los 5 procesos electorales estatales actuales, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) contra dicho instituto político.
La legisladora blanquiazul acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para presentar “una denuncia en contra del partido político Morena y de quien resulte responsable por el uso electoral de programas sociales y coacción del voto en la participación en la revocación de mandato y demás entidades federativas en que se llevan a cabo procesos electorales”.
López Rabadán resaltó que existen pruebas suficientes para acusar a Morena y a sus dirigentes de que han implementado una campaña para influir en la ciudadanía mediante la colocación de propaganda en la que se condiciona la entrega o la continuidad de programas sociales.
La senadora detalló que se trata de programas sociales como las pensiones a adultos mayores, becas a jóvenes y niños, apoyos a mujeres, e incluso se coacciona el voto a efecto de que el metro de la Ciudad de México siga con la tarifa en cinco pesos.
Incluso, expuso que en días pasados se colocó, en equipamiento y mobiliario urbano de diversas entidades, publicidad electoral haciendo alusión a programas sociales, y condicionando estos para que la gente participe en el proceso de revocación de mandato.
Por tanto, la legisladora panista destacó que “dichos actos ilegales impactan en la revocación de mandato, pero también en los seis procesos electorales que actualmente se están llevando a cabo, por lo que resulta urgente que la autoridad ministerial suspenda este tipo de prácticas deleznables”.
En su denuncia, la senadora del PAN resaltó que los artículos 7 y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales sancionan con hasta tres años de prisión a quien amenace con suspender beneficios de programas sociales para coaccionar el voto.
También recordó que se sanciona con hasta nueve años de prisión a quien condicione la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas gubernamentales a cambio de voto, explicó.
La consulta de revocación de mandato se realizará el próximo 10 de abril, con el objetivo de que la ciudadanía decida si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe dejar su cargo de forma anticipada por pérdida de confianza.
El próximo 5 junio se realizarán procesos electorales locales, en los que se elegirán a los gobernadores, en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
