El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular con 90 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, con lo cual se turna el dictamen a la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el reporte de Milenio Diario, los únicos artículos reservados fueron los 99 y 53 para que el Estado use todos sus recursos para salvar la vida de una persona.
Entre las acciones que resaltaron las comisiones ponentes del proyecto está la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda en el que participarán familiares, el gobierno federal y las 32 entidades federativas del país.
Asimismo, se crea el tipo penal de desaparición forzada, ilícito que será imprescriptible y sancionado con una pena de entre 40 a 60 años de prisión, mientras que para los particulares que participen la sanción será de entre 25 y 50 años de cárcel.
También se instaura la Comisión Nacional de Búsqueda, una fiscalía especializada con 32 comisiones y fiscalías estatales, además de los registros nacionales de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de Personas Fallecidas y No Identificadas y el de Fosas.
No obstante, senadores de oposición criticaron algunos elementos como por ejemplo que en la legislación no se redactó explícitamente que no sólo se debe buscar al responsable material de la desaparición forzada sino también se debe aprehender a toda la cadena de mando.
“Esta no es la ley que merecían las víctimas de los delitos más deleznables. Se eluden aspectos medulares: no obliga a establecer la responsabilidad de toda la cadena de mando, ni es contundente con los mandos militares y policíacos. No sólo es quien jala el gatillo, sino el que da la orden”, señaló la senadora Layda Sansores, de acuerdo con el reporte de Reforma.
Por su parte, el senador independiente de Guerrero, Armando Ríos Pitter, criticó el hecho de que en una parte de la ley se refieren como “personas no localizadas” a las personas “desaparecidas”.
mahy
