viernes 29 marzo 2024

Senado aprueba ley anticorrupción… a medias: servidores podrán ocultar su patrimonio

por etcétera

El pleno del Senado de la República aprobó la madrugada de este miércoles, con 94 votos a favor y 23 en contra, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero sin tomar en cuenta uno de los puntos más importantes propuestos en la iniciativa 3de3.


De acuerdo al comunicado de prensa del Senado, la legislación aprobada tiene como objetivos “establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a estas faltas, así como los procedimientos para su aplicación”.


No obstante, la iniciativa 3de3, presentada por varias organizaciones civiles y respaldada por más de 640 mil ciudadanos, no fue aprobada en todos sus términos pues a consideración de varios legisladores (como Zoé Robledo) “no es el elemento más importante del Sistema Nacional Anticorrupción”.


La iniciativa proponía que, por ley, todos los servidores públicos estuvieran obligados a hacer pública su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, siguiendo los formatos creados por diversas ONG para conocer con quiénes han trabajado, qué empresarios son sus amigos, cómo han pagado sus impuestos, y cómo han generado todo su patrimonio, etcétera.


Todos estos lineamientos se encontraban contemplados en el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades, pero este apartado fue eliminado por 59 senadores que votaron en contra (52 PRI, seis del PVEM y un independiente) en contraste con los 51 senadores que votaron a favor.


Cabe resaltar que al momento de la votación no estuvieron presentes los senadores Manuel Bartlett, Layda Sansores, Marco Blásquez, Benjamín Robles, Fidel Demédecis, Luz María Beristain, Héctor Larios y Jorge Luis Preciado.


De este modo, será el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupcción, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana (conformada por civiles), la que decida cómo deberán presentar sus declaraciones los funcionarios y en qué contextos éstas se harán públicas.


En entrevista para Animal Político, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y principal impulsor de la Ley 3de3, reconoció que la aprobación es un avance pero “no cumplió con las expectativas ciudadanas y queda incompleta la demanda de la máxima publicidad de las declaraciones de los funcionarios públicos”.


 


mahy

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