La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. divulgó el informe Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas, producto de años de investigaciones y recopilación de información sobre abusos, violaciones y producción de pornografía infantil, y que señala que en escuelas de al menos 7 entidades operan grupos organizados de abuso sexual infantil conformados por personal educativo, incluidos profesores, directivos y personal de intendencia.
Este informe fue coordinado por la maestra Margarita Griesbach Guizar y presentado ante los medios de comunicación por Karina Ansolabehere, Maite Azuela, Lydia Cacho, Denise Dresser, Manuel Gil Antón, José Guevara, Lorenzo Meyer, Juan Martín Pérez y Luis Daniel Vázquez.
En él se reseñan con minuciosidad varios casos que se fueron construyendo con el pasar de varios años de denuncias e investigación judicial.
Según el documento, se han podido identificar actividades organizadas de este tipo en al menos 18 escuelas de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca, y se tienen evidencias de al menos cien casos, no todos ellos con información completa. Ello no descarta, por supuesto que existan más casos en otras escuelas de otras entidades del país.
Los ilícitos se han registrado tanto en escuelas públicas como privadas, en donde operan grupos compuestos por maestros, directivos, administrativos y personal de intendencia dedicados a la explotación sexual infantil, registrándose situaciones desde tocamientos hasta grabaciones para compartir pornografía infantil en línea.
El informe recoge casos plenamente documentados, que incluso han llegado a juicio. “Se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”.
“Numerosos preescolares y primarias han sido capturados y utilizados como espacios para la comisión de delitos de explotación sexual infantil en línea”.
Pero también hace referencia a casos de los que no se cuenta con información completa. Es decir, en alrededor de cien casos se sabe, señala, que hubo denuncia, pero no existe información que indique si hubo detenidos, si la investigación sigue abierta o se le dio carpetazo.
Según explica la investigación, se trata de información consolidada durante alrededor de 20 años, con la finalidad de dar a conocer la grave dimensión del problema de la explotación sexual que se vive en México y en entornos que debieran ser seguros, como las escuelas.
Describe un patrón de abuso que horroriza: “De manera consistente, niños y niñas describen ser penetrados con jeringas con agua, con popotes o con papeles sucios, incluso manchados con excremento”, ser ahorcados u obligados a lastimar a otros compañeros, mientras son grabados o fotografiados.
“Entre las narraciones de las víctimas, algunos refieren ser amarrados o amordazados y una niña dice haber sangrado. Además de altos niveles de violencia, las víctimas refieren dinámicas y rituales grotescos”.
Como hemos dicho, el informe reseña múltiples casos, muchos de ellos reportados en su momento por los medios de comunicación.
Por ejemplo, está el caso del Jardín de Niños Andrés Oscoy, en donde por años operó una red de explotación infantil en contra de varias generaciones de pequeños. De todos los niños afectados, solo se hicieron 30 denuncias, y el caso se empezó a investigar en 2011.
La entonces Procuraduría General de la República trabajó con la ODI para brindar a las víctimas acompañamiento legal y colaborar en el levantamiento de los testimonios.
Dice el informe que “de las testimoniales de 19 niños y niñas de entre tres y cinco años se detecta que nombran a 10 personas como agresores directos, que incluyen desde a la directora del plantel y maestras hasta al personal de intendencia, e incluso al hijo adolescente de uno de los maestros”.
En otros casos reseñados en el informe se describen patrones análogos. Es decir, que en las escuelas donde se registraban abusos sistemáticos, no era un solo abusador solitario el que operaba, sino un grupo estructurado, lo que permitía el mutuo encubrimiento de los abusos.
