viernes 29 marzo 2024

SCJN dictamina como “notoriamente improcedentes” las controversias contra la Ley Bonilla

por etcétera

Por “notoria improcedencia” debida a que se trata de “actos no definitivos”, la Suprema Corte de Justicia desechó las controversias constitucionales interpuestas en contra de la llamada “Ley Bonilla”, es decir, la reforma a la constitución de Baja California—impulsada por Morena—que permite que el gobernador electo Jaime Bonilla amplíe su mandato de dos a cinco años.

En sesión de la Comisión de Receso de la SCJN, los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara determinaron que los recursos presentados por los municipios de Tijuana y Mexicali contra la ampliación de mandato no son procedentes, debido a que el decreto de la reforma no ha sido publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado.

“Se desecharon por notoria improcedencia, al haber sido promovidas en contra de actos que no son definitivos, por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general”, señala la resolución.

Luego que la mayoría de los diputados locales aprobaran la reforma el pasado 8 de julio, el gobernador en funciones, Francisco de la Vega, del Partido Acción Nacional, dijo que no publicaría la reforma en el Periódico Oficial, para evitar su entrada en vigencia, debido a que se trata de una medida antidemocrática, según ha dicho.

En sus redes sociales, el Congreso de Baja California informó que se “aprobó por 21 votos a favor y uno anulado, la reforma del artículo octavo transitorio de la Constitución Política de Baja California, por lo que el período de la gubernatura iniciará el uno de noviembre de 2019 y culminará el 31 de octubre de 2024”.

Ello, a pesar de que el empresario Jaime Bonilla, militante de Morena y personaje cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, solo fue electo por los votantes para un periodo de dos años.

La reforma fue idea del diputado de Morena, Víctor Morán Hernández, quien justificó en tribuna la iniciativa: “Mirando hacia adelante y hacia el futuro que estamos obligados a crear, no se puede pensar en tiempos cortados, en procesos políticos inacabados, en truncar un proyecto que debe ser de largo alcance, con los espacios necesarios y adecuados para hacer posible las acciones públicas que beneficien a todos”.

“Más aún cuando estamos en la época de la austeridad republicana; cuando lo que se necesita es que el recurso público se ejecute en acciones de beneficio tangible para la ciudadanía; porque pensar en celebrar una nueva elección de Gobernador para el año 2021, cuando esto representaría erogar una suma mayor a los quinientos millones de pesos, pondría a nuestra entidad en una situación financiera más precaria, sin que medie una razón real y de beneficio social para los bajacalifornianos”, argumentó el morenista.

Diputados de todos los partidos votaron a favor, lo que desató una tormenta de críticas y medidas legales, además de la extraña reticencia del presidente López Obrador de pronunciarse en ningún sentido, ya que, según él, es un asunto competencia del Poder Judicial.

Ante la reprobación de prácticamente todos los sectores políticos, el Congreso local puso a revisión la procedencia de la ley y ayer 23 de julio, de nueva cuenta, los diputados avalaron la reforma que deroga el artículo 8 transitorio de la Constitución local.

El Congreso enviará el decreto para que el gobernador del estado, Francisco Vega, lo publique en el Periódico Oficial. A pesar de que el mandatario se ha negado a hacerlo, la ley faculta al presidente del Congreso a ordenar su publicación de manera directa en un plazo máximo de 35 días.

Ya que la reforme esté publicada, entonces sí sería procedente que la SCJN acepte para su análisis los recursos de inconstitucionalidad que diversos actores políticos quieren interponer.

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