Por medio de la SCJN, el Estado busca restringir la libertad de los medios, alerta el IDET

El Estado manifiesta un “alarmante” intento de injerencia en perjuicio de la libertad de expresión en radio y televisión, como muestra el intento de restituir al Instituto Federal de Telecomunicaciones facultades para regular contenidos y censurar a medios públicos y privados.

Tal advertencia fue lanzada por el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, que afirmó que la sentencia del pasado 12 de mayo, emitida por la SCJN que busca restituir los Lineamientos de Defensa de las Audiencias del IFT de 2016 “establecen un régimen de control editorial”.

En comunicado de prensa, el IDET, organismo especializado en legislación de materia de telecomunicaciones y libertad de expresión, expresó su “formal preocupación” por el revivir de una fracción del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que ya había sido derogada en 2017 y que favorece la censura estatal sobre medios de comunicación.

“Los Lineamientos del IFT que el Juez pretende revivir, a pesar de que fueron debidamente abrogados por el Congreso de la Unión para evitar la censura de medios públicos y privados, entre otros aspectos preocupantes, establecen un régimen de control editorial por parte de un comité que puede ordenar la suspensión de transmisiones de una estación de radio o de televisión, si, a su juicio, cualquier persona frente a un micrófono no ‘diferencia claramente la información noticiosa de la opinión de quien la presenta’. Asimismo, contempla que la suspensión de transmisiones se hará de oficio o a solicitud de un defensor de las audiencias, cuya designación deberá ser aprobada por parte del propio IFT”.

Este atentado, dice, “era tan grave” y tan enorme la invasión de facultades por parte del IFT que en su momento, tanto el Senado de la República como el Ejecutivo Federal (en ese entonces encabezado por Enrique Peña Nieto) “se vieron obligados a promover sendas controversias constitucionales para impedir que entraran en vigor”.

Sin embargo, antes de que la SCJN llegase a analizar la constitucionalidad de dichos lineamientos, el Congreso de la Unión los abrogó. De hecho, no lo hizo porque ya se habían abrogado. Así, aun cuando no se cuenta con un análisis realizado por la SCJN sobre la constitucionalidad de tales lineamientos, “la Segunda Sala convalidó la sentencia del Juez de Distrito que pretende “revivirlos” y derogar la reforma de 2017 que los abrogó”.

Aseguró que el juez que busca “revivir” la reforma abrogada se excedió en sus atribuciones y lo mismo hizo la Segunda Sala de la SCJN, al convalidar el fallo del juez.

“Un Juez de Distrito puede invalidar una norma y expulsarla de la esfera jurídica del quejoso, pero no puede bajo ningún concepto, obligar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo a llevar a cabo un proceso de anulación que no está previsto en la Constitución ni en las leyes que rigen el procedimiento legislativo”.

Es decir, un juez no puede ordenar que se eche marcha atrás a una abrogación impulsada por el Congreso de la Unión y/o el Poder Ejecutivo.

El IDET recuerda que de acuerdo con la Constitución, la interpretación, reforma o derogación de las leyes deben seguir los mismos trámites que se siguen para su formación. Es decir, que de querer poner en marcha los lineamientos del IFT desechados en 2017 no se puede simplemente declarar desaparecida la abrogación, sino que se debe iniciar un nuevo proceso legislativo.

Asegura que con el fallo del 12 de mayo, el juez invadió la esfera de atribuciones del Poder Legislativo puesto que ordenó la reposición de un fragmento de ley, facultad que solo le corresponde al Congreso de la Unión.

Asimismo, “dotó de efectos generales al fallo cuando no existe fundamento legal para ello, pues solo una mayoría calificada de ocho ministros de la SCJN puede declarar la inconstitucionalidad general de las leyes”.

Finaliza haciendo un llamado al Congreso de la Unión para que “no convalide los múltiples excesos en los que incurrió el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México” y que demuestra que dar cumplimiento a su sentencia es de “imposibilidad jurídica y material”.

 

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