La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo 10 de agosto si es constitucional cesar a los maestros que reprueben la evaluación docente en tres ocasiones, tal como establece la Ley de Servicio Profesional Docente.
El proyecto del ministro José Ramón Cossío Díaz se basa en la sentencia que dictó el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Puebla, por un juicio promovido por 17 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Los docentes argumentan que la revocación del mandato violenta su garantía de audiencia y el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de la persona (la no aplicación de una norma retroactiva para afectar a algún particular).
En la sentencia del ministro, difundida por El Universal este miércoles, se recuerda que “las sanciones administrativas son la consecuencia jurídica de la acción u omisión previstas por ley, a las cuales se hacen acreedores quienes desempeñen un servicio público por infringir una norma prohibitiva, y constituyen una vertiente de la potestad punitiva del Estado”.
“El sistema de terminación del nombramiento al cargo público, el cual, como se dijo, se apoya en la consideración de que los requisitos de ingreso y permanencia son condiciones que los sujetos deben cumplir a efecto de poder ocupar el cargo público en cuestión, de tal modo que si los dejan de satisfacer, no queda más remedio para la administración pública que dar por terminado el nombramiento”.
Y agrega Cossío Díaz: “La evaluación tiene el carácter de obligatorio para los sujetos de la ley, toda vez que a través de ésta se desarrollan los propósitos establecidos para el Servicio Profesional Docente, como son los establecidos en el artículo 13 de la normativa reglamentaria, entre los cuales destacan el mejorar la calidad de la educación y la práctica profesional”.
Hasta el momento la SCJN no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de dar de baja a los maestros que no se presenten a la evaluación docente.
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