Admite SCJN controversia contra “Ley Bonilla” interpuesta por el gobierno de Baja California

Foto: Cuartoscuro

A pocos días de que Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, tome protesta para un periodo de cinco años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional interpuesta por el gobierno aún en funciones y que impugna la ampliación de mandato del gobernador electo.

Este recurso, admitido este lunes, se suma a los que se aceptaron a trámite la semana pasada, promovidos por partidos de la oposición. Uno de dichos recursos, el del PAN, solicitaba la suspensión de la toma de posesión de Bonilla hasta después de que la Corte hubiera fallado respecto a la ampliación de mandato. La solicitud de suspensión fue rechazada.

La controversia fue presentada la semana pasada por el gobernador Francisco Vega de la Madrid, por medio de su secretario de Gobierno, Francisco Rueda Gómez. La admisión no implica revertir la reforma que, de momento, establece que Bonilla gobernará cinco años, sino únicamente el inicio del análisis para determinar si la ley contraviene o no la Constitución Federal.

El ministro José Fernando González Salas dio un plazo de 30 días hábiles al Congreso de Baja California para que envíe copias certificadas de las normas impugnadas y sus antecedentes legislativos, así como toda la documentación relacionada con el análisis y votación de la reforma: actas de votaciones, diarios de debates y más.

El viernes 25, el ministro rechazó otorgar la suspensión de la toma de posesión, solicitada por el PAN bajo el argumento de que ello impedirá frenar la ampliación de mandato, de hallarse inconstitucional.

“Tal como se precisó en el auto admisorio, no es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento”, manifestó.

“La negativa de suspensión no implica que la presente acción de inconstitucionalidad se quede sin materia, ya que como se expuso con antelación, ésta aún continúa asegurada, en consecuencia, indíquese al promovente que no ha lugar a decretar la suspensión solicitada”, estableció.

A las controversias ya presentadas por el gobierno en funciones y los partidos PAN, PRD, PRI y MC, se sumará en estos días otra, presentada por el Instituto Nacional Electoral, que ha calificado la reforma de la Constitución de Baja California como “un atropello a la democracia”.

Esta reforma, propuesta y aprobada por la pasada legislatura local (y refrendada por la actual), fue iniciativa de la bancada de Morena y aprobada gracias a los votos de parte de la bancada del PAN. Los panistas que apoyaron la Ley Bonilla fueron formalmente expulsados de su partido, aunque antes de ello, todos anunciaron su renuncia.

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