El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó por unanimidad sancionar a los partidos políticos que contendieron en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 con un monto global que asciende a 36.9 millones de pesos, por el contrato de tarjetas para el pago de representantes de casilla, caso conocido públicamente como el de las tarjetas Monex.
Dicha conducta, constituye una aportación de ente prohibido, a través de la dispersión de recursos en tarjetas BBVA Bancomer, cuya contratación fue realizada por la empresa Logística Estratégica Asismex en beneficio de representantes generales y de casilla de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, integrantes de la coalición “Compromiso por México”; así como de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano que conformaban la coalición total denominada “Movimiento Progresista”; el PAN y Nueva Alianza.
Las sanciones se desagregan de este modo, en la Coalición Compromiso por México: al PRI se le multó con 29 millones 340 mil cuatro pesos y al PVEM con 964 mil. En la Coalición Movimiento Progresista: al PRD con un millón 500 mil pesos, PT un millón 648 mil y MC 964 mil. Al PAN con un millón 484 mil pesos; y a Nueva Alianza, con 978 mil.
El Consejero Electoral Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, afirmó que “estamos ante una de las indagaciones más complejas que han enfrentado el IFE y el INE sobre una trama de financiamiento irregular a la política”; este es un ejemplo de financiamiento paralelo, irregular y opaco para pagar la operación electoral el día de la votación del 1° de julio de 2012.
“Una empresa con las características típicas de una empresa fachada o fantasma, que se fondea de recursos de empresas igual de irregulares, hace un contrato con una Institución Bancaria para dispersar recursos a miles de personas, y realiza pagos a cuatro días de la jornada electoral; y documentamos siete mil 311 representantes partidistas como beneficiarios de esos pagos”, explicó.
Esa es la infracción, subrayó, “financiamiento ilegal a la política y la sanción que proponemos es del 200 por ciento de los recursos ilícitos recibidos”. El INE, destacó, “sanciona la violación a la ley con independencia del color del infractor”, en favor de la legalidad y la democracia.
Aclaró que no fue sino hasta el primero de diciembre de 2017, “hace apenas 40 días y tras años de requerimientos de información a Bancomer (que) finalmente entregó al INE con la intermediación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues nos preocupaba que expirase la potestad sancionadora del INE en este caso (…) un disco con una base de datos que contiene la relación de personas beneficiarias de las tarjetas dispersadas por ASISMEX en 2012″.
Precisó que en el disco entregado por Bancomer se identifica a 30 mil 707 nombre únicos, dichos beneficiarios tienen depósitos de acuerdo con la información recibida por 70.5 millones de pesos.
El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, refirió a su vez que este asunto es un ejemplo de lo que se quiere lograr con la fiscalización, la cual debe trascender la dimensión contable, ya suficientemente probada y consolidada, y transitar hacia un trabajo de inteligencia financiera que nos permita desenmascarar redes de financiamiento paralelo, a fin de revindicar la actividad política.
El propósito de la fiscalización no es hundir a nadie, ni sancionar a los partidos políticos como si éste fuera un fin en sí mismo, “sino recuperar la dignidad de la política democrática, entendida ésta como el juego limpio, como el juego transparente por el poder político”.
O sea, restituir a la democracia como un intercambio franco y abierto, intenso y hasta ríspido de ideas y proyectos, pero que “no deba estar determinado por los flujos de dinero opaco por debajo de la mesa“, sino que permita a los ciudadanos votar en libertad por quienes ellos quieran”.
La Consejera Adriana Favela afirmó que “no se tolerarán ese tipo de acciones, porque de ser cometidas nuevamente serán sancionadas de manera severa, ya que la fiscalización realizada por el INE es cada vez más rigurosa y eficaz”.
Añadió que el proyecto aprobado da vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, para que actúen en el ámbito de sus atribuciones y determinen lo que en derecho corresponda.
aml
