El magistrado del Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, Arturo Rafael Segura Madueño, revocó el auto de formal prisión dictada contra Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero.
El tribunal federal consideró que la Procuraduría General de la República (PGR) no acreditó que Aguirre Rivero lavó 32 millones de pesos del erario de Guerrero. Sin embargo, el juez sí ratificó la formal prisión contra otros ocho implicados en el supuesto desvío de más 268 millones de pesos, entre los que se encuentra el sobrino del exmandatario estatal, Luis Ángel Aguirre Pérez.
Según fuentes consultadas por Reforma, el hermano del exgobernador habría salido la madrugada de este jueves del Reclusorio Sur, lugar al que fue trasladado a principios de junio, luego de presentar problemas de salud en el Penal del Altiplano, tras cuatro meses de reclusión.
Entre los inculpados que no obtuvieron libertad están, además de Aguirre Pérez, Víctor Ignacio Hughes Alcocer, exsubsecretario de Finanzas de Guerrero, su hermano, Henry Paul Hughes Alcocer, y sus sobrinos Paulo Ignacio, Alejandro Carlos, Mauricio Francisco y Jorge Eduardo Hughes.
De acuerdo a la PGR, las empresas Comercializadora 2003 y Constructora Trabesa presuntamente desviaron de forma ilícita 268 millones 764 mil 594 pesos, de los mil 099 millones 310 mil 916 pesos que dichas compañías obtuvieron por contratos de obra pública de enero de 2011 a octubre de 2014.
Según las indagaciones de la PGR, los acusados cobraban el dinero público correspondientes a las obras públicas y posteriormente lo depositaban en las cuentas de familiares, con quienes no tenían relación contractual.
En el caso de Carlos Mateo Aguirre Rivero, se le acusó de recibir de Comercializadora 2003 y Trabesa un monto de 31 millones 941 mil 700 pesos. Incluso, al exgobernador también se le vinculó con un depósito de un millón de pesos de las mismas empresas.
Sin embargo, según las fuentes consultadas, Aguirre Rivero fue el único de los nueve acusados que presentó documentos, a tiempo, para validar los recursos que estas empresas le transfirieron. Se presume que fueron estos oficios con los que el sobrino del exmandatario estatal de Guerrero consiguió el auto de libertad.
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