A dos meses iniciado el paro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que exige el alto a la violencia de género, el secretario general de dicha facultad, Ricardo García Arteaga, presentó su renuncia al cargo para “no ser un impedimento” en la reanudación de las actividades. La renuncia de García Arteaga era una de las peticiones de las estudiantes en paro, ya que fue acusado de acoso sexual.
En comunicado de prensa difundido por medio de las redes sociales de la institución, se dio a conocer que el académico presentó su renuncia este 9 de enero al rector Enrique Graue y al director 
de la facultad, Jorge Linares.
Según afirmó, García Arteaga se encuentra dispuesto a que se investiguen sus acciones “de acuerdo a la legislación universitaria”, ya que algunas estudiantes lo acusan de acoso sexual.
Este jueves también, el rector hizo un llamado al diálogo para poner fin a la toma de instalaciones y reanudar las actividades en la FFyL y las preparatorias 7 y 9.
Desde noviembre, grupos feministas de la FFyL mantienen la toma de las instalaciones para exigir un alto a la violencia de género, en protesta por la ineficaz respuesta del rectorado de Enrique Graue para evitar y sancionar los casos de acoso, violaciones y feminicidios al interior de la UNAM.
El 20 de ese mes, en conferencia de prensa, las estudiantes en paro dieron a conocer un pliego petitorio de 11 puntos, entre los que se encontraba la renuncia del ahora exsecretario general, pero también del director de la FFyL, Jorge Linares y del abogado general, Jesús Juárez González.
Según dijo Graue este jueves, las autoridades han cumplido el pliego petitorio de las estudiantes, sin embargo, solo hasta hoy hubo la renuncia de un funcionario.
Los 11 puntos del pliego petitorio dado a conocer el 20 de noviembre son:
1.Modificación de los artículos 95, 98 y 99 del Estatuto General, añadiendo la violencia de género como falta grave, merecedora de expulsión inmediata.
2.Destitución del secretario general Ricardo Alberto García Arteaga y destitución del Lic. Jesús E. Juárez González, titular de la jefatura de la Oficina Jurídica de la FFyL, y en caso de que continúe sin atender las demandas del Dr. Jorge E. Linares Salgado.
3.Atención a todas las denuncias interpuestas por violencia de género dentro de la FFyL.
4.Transparencia de la información en cuanto a violencia de género dentro de la FFyL.
5.Creación de una Comisión Tripartita, encargada de supervisar el buen funcionamiento y reestructurar la Unidad de Atención a la Violencia de Género (UAVG).
6.Los talleres que ofrece la UAVG en conjunto con el Programa de Equidad de Género, deben ser de carácter obligatorio para los profesores.
7.Implementación de una serie de cursos y materias con perspectiva feminista.
8.Acompañamiento psicológico para todas las víctimas de violencia de género con o sin denuncia formal.
9.Documento firmado en el que se aseguren las no represalias y no criminalización a las estudiantes organizadas. No criminalización de la manifestación gráfica y murales dentro de las instalaciones, así como su no eliminación.
10.Disculpa pública a la familia de Mariela Vanessa Díaz Valverde.
11.Respeto a los espacios de organización que se han generado en el marco de esta coyuntura y que consideramos necesarios para nuestra seguridad, acompañamiento, contención emocional y retroalimentación.
Respecto a las exigencias de las estudiantes, el presidente del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt, dijo el 15 de diciembre, en entrevista con Sin Embargo, que no había ningún motivo para que las estudiantes accedieran a un diálogo con las autoridades.
“La razón la tienen las universitarias. ¿Para qué dialogan? ¿Para encontrarse con promesas incumplidas, para que al final no se sancione a los profesores acosadores? Están en lo justo, y lo que nosotros debemos hacer como universidad es tomar en este momento medidas preventivas como suspender de inicio a los docentes o trabajadores señalados por acoso mientras son investigados. No se violarían sus derechos laborales como la retribución de sus salarios y tendrían, como todos, derecho de audiencia, pero ya no deberían estar en contacto con las alumnas, es fundamental darles a ellas esa garantía”.
Agregó que una de las más graves fallas del protocolo de atención a los casos de violencia de género es que no ofrece secrecía en las denuncias.
“Lo que sucedía es que, si una alumna denunciaba, inmediatamente se sabía quién, ante ello la acosaban, la trataban de disuadir de que continuara con su demanda. El primer paso que se va a dar es que el nombre de la persona que denuncie se va a guardar con prudencia en un expediente que no va a ser publicitado porque eso es lo que ocasionó muchas veces la impunidad”.
Las declaraciones de López Betancourt le generaron la animadversión de Graue, quien incluso aseguró (el 6 de diciembre) que el especialista realizaba “descalificaciones tendenciosas” sobre el trabajo en contra de la violencia de género de su rectorado.
Por su parte, García Arteaga intentó ser director de la FFyL en 2017, pero no lo logró, quedando como secretario general.
