La red de empresas fantasma implicada en el desvío de 164 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles, está vinculada con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
De acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) citada por el periódico Reforma, en las actas constitutivas de al menos cinco de las empresas, aparece el nombre de Alfonso Gómez Gutiérrez, propietario de un despacho de contabilidad que prestó sus servicios en el gobierno de Veracruz, durante la administración de Duarte de Ochoa y el cual está involucrado en los desvíos de recursos que se efectuaron entonces.
La red, que opera desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entidad en que están dadas de alta la mayoría de las empresas que la integran, suscribió contratos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y con Televisora de Hermosillo S. A. de C. V. (Telemax), a instancias de la Sedatu el 21 de diciembre de 2016, es decir, casi de inmediato de que el despacho de Gómez Gutiérrez dejó de trabajar para el gobierno de Veracruz, que para aquella fecha ya había sido señalado por investigaciones periodísticas de triangulación de recursos a través de empresas fantasma.
De acuerdo con la documentación que obtuvo MCCI, una sola de las empresas en las que Gómez Gutiérrez aparece como dueño, Agatha Líderes Especializados S.A. de C.V, recibió entre 2016 y 2017 pagos por 164.7 millones de pesos por parte de la Sedatu, encabezada por Robles Berlanga. Dicha compañía fue creada en marzo de 2012 en San Luis Potosí y tenía como domicilio fiscal una vivienda humilde en una colonia popular de la capital potosina y posteriormente, se trasladó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
También figura como propietario de otra empresa denominada Principal Enajena S.A. de C.V., señalada por el por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de simular operaciones. Durante el sexenio de Javier Duarte en Veracruz, esta firma estuvo involucrada en el entramado de empresas fantasma utilizado para el desvío de recursos. En ese sexenio obtuvo contratos por asignación directa por un monto de 9 millones 500 mil pesos por concepto de “Servicios de comunicación y difusión”, los cuales nunca se acreditaron. En este caso también se dio como domicilio fiscal una vivienda con techo de lámina en la comunidad de La Pimienta, de Tuxtla Gutiérrez.
Después de una inspección efectuada por el SAT se declaró a la empresa como “no localizada” y desde el pasado 26 de enero de 2017 la incluyó en su lista negra por presunta simulación de operaciones.
Esta red de empresas fantasma, es independiente a la que documentó Reforma el pasado 11 de septiembre, en la que se acreditan desvíos de recursos por 700 millones de pesos a través de operaciones en efectivo durante la gestión de Rosario Robles en la Sedatu.
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