Para defender la prolongación del periodo de Arturo Zaldívar como ministro presidente de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), el oficialismo ha recordado la reforma judicial realizada por Ernesto Zedillo al inicio de su mandato. Sin embargo, esta fue muy diferente: resultó benéfica para la independencia y autonomía de la Corte y para que se convirtiera en tribunal constitucional, tal y como declararon en 2015 Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, y Zaldívar.    

A raíz de la inconstitucional extensión por dos años más del periodo del ministro presidente de la SCJN y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se revivió la polémica generada por lo que se ha llamado la reforma judicial de Ernesto Zedillo, realizada en 1994 y 1995.

Fue muy diferente: en aquel año con la reforma judicial se buscó actualizar el sistema mexicano de justicia y armonizarlo con las convenciones y los tratados internacionales con los que se había comprometido el país, además de adaptar el aparato judicial para que su principal órgano tuviera autonomía jurisdiccional.

Entonces fueron modificados 27 preceptos de la Constitución (ahora sólo se añadió un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial) para que sus ministros sólo fueran 11 (eran 21 más cinco supernumerarios, que fueron desaparecidos con la reforma), además de que fue creado el Consejo de la Judicatura Federal como un órgano de administración judicial. Entonces fue justificada, entre otros puntos, con argumentos como fortalecer a la SCJN como un tribunal constitucional y procurar la profesionalización de la carrera judicial.

Con la creación del CJF la reforma zedillista buscó descargar al Pleno de la SCJN de los asuntos de gobierno, administrativos y de disciplina en el Poder Judicial para que, de esa manera, se pudiera dedicar por completo a resolver las controversias que se le presentaran.

Además, contra lo que ha circulado por parte del actual oficialismo, Zedillo no nombró a los 11 ministros de la SCJN sino que propuso a 18 juristas de entre los cuales el Senado de la República, por mayoría calificada, escogió el número establecido en la Constitución.

Los ministros fueron escogidos a fines de 1995, y, para que la salida de los nuevos ministros fuera escalonada, su periodo en funciones sería de 15 años pero,  en algunos casos, los nombramientos se extendieron por hasta 20 años (entre quienes fueron escogidos por este prolongado periodo estuvo Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación).

Entonces uno de los argumentos de la reforma sobre el periodo y renovación escalonada de los ministros es que habría un desfase con los tiempos de ejercicio de los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, lo que fortalecería la autonomía de la Corte (ahora lo que se pretende con el artículo transitorio es que el ministro presidente de este órgano, Arturo Zaldívar, concluya su encargo casi en coincidencia con el periodo del presidente de la República).

En aquel entonces, las reformas impulsadas por Zedillo fueron llamadas, pero el procedimiento y aprobación de las bancadas del PRI y del PAN en el Senado fue llamado hasta “golpe de Estado” y “albazo legislativo” que atentaban contra la división de poderes e inmovilidad de los anteriores ministros. Asimismo se afirmó que también fue una “limpia” de ministros que provenían de anteriores gobiernos, especialmente los designados durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el antecesor inmediato de Zedillo.

Esto es lo que ahora pretenden usar quienes ahora quieren justificar la inconstitucionalidad de la ampliación del periodo del ministro presidente de la SCJN y de los miembros del CJF.

Sin embargo, ahora se ha manifestado de forma muy amplia, casi unánime (lo han dicho juristas, organizaciones internacionales y hasta diputados de Morena), la opinión de que lo aprobado el pasado jueves en el Senado de la República es inconstitucional. Los seguidores del oficialismo, para defender esto, han querido usar como argucia la reforma judicial de Zedillo: si ya se hizo algo similar, ¿ahora por qué no?, parecen decir. Pero, como se puede observar, aquella reforma fue de gran calado y fue más allá del nombramiento de ministros: convirtió  a la SCJN en tribunal constitucional, entre otros aspectos, lo que aumentó su relevancia e independencia.

Punta de lanza

Entre quienes ha afirmado lo anterior está Sánchez Cordero, quien fue ministro de la SCJN durante 20 años por la reforma zedillista. En una entrevista a Expansión en 2015 la secretaria de Gobernación de la administración de Andrés Manuel López Obrador explicó de la siguiente forma los resultados de aquel proceso: “Sin duda (la SCJN) se consolidó como un tribunal constitucional. Esto se dice fácil y rápido, pero es un proceso muy complicado; que un país cuente con un tribunal constitucional es una garantía para todos los gobernados, es un tema de confianza, de protección de derechos, de protección de competencias. Es un tema de que la Corte va a resolver cuestiones que antes no resolvía, a emitir fallos en donde siempre va a tener presente al gobernado”.

Y añadió: “La protección de derechos es de lo que más me emociona hablar (…) Desde 1995 la Corte fue construyendo un andamiaje de protección de derechos y desde el 2002 ya hablábamos de presunción de inocencia y fue hasta 2008 cuando el Constituyente lo puso textualmente en la Constitución”.

La hoy también senadora alabó en agosto de 2015 la reforma zedillista en una entrevista a la revista Jurista, cuando destacó la transformación que había logrado en el Poder Judicial al desvincularlo del poder político y considerar que la SCJN se convirtió en punta de lanza de ese proceso.

“La reforma constitucional de 31 de diciembre de 1994 habría de transformar profundamente la organización y funcionamiento del sistema judicial federal. A partir de ese momento el papel del Poder Judicial dejó de estar determinado por factores políticos y se comenzó un camino de independencia sustentado, principalmente, en la labor que ha llevado a cabo la SCJN. En ese sentido, es claro que nuestra Corte dejó de ser un órgano jurisdiccional más, y se convirtió en la punta de lanza para transformar la realidad jurídica en la que vivimos”.

Aquella reforma desató cambios muy importantes para la SCJN, según expresó Sánchez Cordero: “Estoy consciente de que aún nos encontramos en una etapa de transición para poder alcanzar el grado ideal de independencia; sin embargo, en los últimos años hemos vivido avances sumamente significativos. Hoy tenemos en México una nueva Suprema Corte y un nuevo Poder Judicial, pero también tenemos una nueva sociedad en la que todavía coexisten lo nuevo y lo viejo. Tanto las instituciones como la sociedad requieren de un conocimiento recíproco más profundo, pues las circunstancias que las vinculaban han cambiado sin remedio”.

El 30 de noviembre de 2015, en la despedida de los ministros Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza, Zaldívar habló de la evolución de la SCJN desde 1995. Sobre la primera etapa, producto de la reforma de Zedillo, dijo lo siguiente: “En una primera etapa el reto de la Suprema Corte fue constituirse como un tribunal autónomo e independiente. Esto, que hoy todos consideramos como un logro, es evidentemente un presupuesto básico de todo tribunal; sin embargo, dada la evolución histórica que había tenido el sistema político mexicano hasta ese entonces, conformar un órgano imparcial e independiente no fue fácil y tuvo que erigirse en una tarea prioritaria.

“A partir de esta independencia y autonomía, la Corte asumió un papel determinante como árbitro en los conflictos políticoconstitucionales. Ello implicó no sólo un cambio en el rol constitucional de la Corte; también significó un viraje en la forma como los actores políticos conciben sus propias acciones, traducidas en leyes y en actos, las que a partir de ese momento comenzaron a ser justiciables. La política se convirtió en cierto sentido en proceso, y las reglas del juego político se modificaron, lo que a su vez produjo un cambio cultural en la clase política y en la sociedad misma”.

Eso fue lo que llegó a avanzar la SCJN en independencia y autonomía, sobre todo del Poder Ejecutivo, por la transformación de 1994-1995 procurada por Ernesto Zedillo. El artículo transitorio que prolonga el mandato de Zaldívar al frente de la Corte, defendido por López Obrador, va en sentido contrario. Esa es la gran diferencia.