En los últimos años, una poderosa red operada por importantes allegados a Ricardo Peralta, ha logrado no sólo controlar las aduanas para presuntas operaciones ilegales, sino dirigir una intrincada organización dedicada al “huachicoleo”, exigir cobros irregulares de operación a casinos y, principalmente, a extorsionar a aspirantes a importantes cargos de elección popular por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
De acuerdo con testimonios de varias personas involucradas que, ante amenazas, ha preferido mantenerse en el anonimato, este grupo de “operadores” del ex subsecretario de gobernación ha logrado reunir millonarias sumas de dinero tanto para beneficio propio, como para destinarlas, durante el proceso intento del partido en el poder, a sufragar los gastos de campaña de Mario Delgado para conseguir la presidencia nacional de Morena.
Según las declaraciones obtenidas por este medio, Ricardo Peralta y sus huestes “vendieron” las aduanas a diferentes grupos económicos, a precios que oscilan entre 1 y 5 millones de dólares, además de cobrar un porcentaje de las ganancias obtenidas por las transacciones realizadas. Esta maniobra estuvo encomendada a Filiberto Trinidad, quien ha sido amigo cercano de Peralta Saucedo.
Una de las principales operaciones llevadas a cabo mediante las aduanas “comprometidas” es el tráfico ilegal de hidrocarburos líquidos. Esta actividad ha sido endosada por el ex funcionario de la Secretaría de Gobernación a Alfredo Treviño, quien fuera subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana en Nuevo León, y quien es primo hermano de Ernesto Pérez Astorga, ex secretario de economía de Veracruz en la actual administración de Cuitláhuac García y senador suplente de Ricardo Ahued quien, por cierto, fue quien sustituyó a Ricardo Peralta en la Administración General de Aduanas (AGA).
A través de las sedes de la AGA en Tuxpan, Progreso, Nuevo Laredo, Matamoros, Coahuila, Tijuana y Mexicali se trafica con hidrocarburos sin pagar aranceles, es decir, “en negro”, gracias a que Peralta Saucedo logró colocar al frente de las aduanas, en aquel entonces, a incondicionales suyos, bajo la complacencia, primero, de la actual Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Fajar, cuando estaba al frente del Servicio de Administración Tributaria, y de su actual titular, Raquel Buenrostro.
Esta operación, incluso, ha desencadenado algunas investigaciones judiciales, al grado que los ex administradores de las aduanas de Tuxpan, Jesús Prieto Huerta; de Mexicali, Alejandro Miramontes, y de Progreso, Guillermo Calderón, (todos nombrados por Alfredo Treviño), enfrentan sendos procesos penales.
Por cierto, Alfredo Treviño, fungía también como enlace directo de Ricardo Peralta con la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle.
DEL JUEGO
A LA EXTORSIÓN
La intrincada red de extorsión no sólo se conformó con hacer de las aduanas un terreno fértil para obtener ganancias económicas irregulares aún incuantificables. Logró diversificarse hasta llegar a la industria de los juegos y sorteos y a cobrar cuotas millonarias a cambio de entregar candidaturas de Morena a diversos puestos de elección popular en las pasadas elecciones.
En el tema de los casinos, el operador de Peralta Saucedo es, ni más ni menos, que el regiomontano Raúl Rocha, propietario del Casino Royale donde hace diez años fueron masacradas 52 personas y que, después se supo, funcionaba sin contar con los permisos respectivos por parte de la Secretaría de Gobernación.
Con el apoyo de Luis Calvo Reyes, quien hasta el septiembre del 2020 se desempeñó como Director General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, Rocha Cantú asumió el control de las casas de juego del país mediante el otorgamiento de permisos para la apertura y operación de casinos, peleas de gallo, rifas y palenques, entre otras.
Tan sólo por derecho de piso, cada establecimiento debe pagar hasta 100 mil pesos semanales, además de aportar al extorsionador un porcentaje de la sociedad de cada casino. Hoy se sabe que el autodenominado “apóstol de la 4T” Ricardo Peralta tiene inversiones en al menos el 20 por ciento de los casinos de todo el país.
A grandes corporativos como TV Azteca, Codere y Saide, Rocha Cantú les ha pedido que cedan a su nombre hasta el 100 por ciento de las acciones de algunas casas de apuestas.
Tras la salida de Ricardo Peralta de la Secretaría de Gobernación, Luis Calvo Reyes fue obligado a renunciar a la Dirección de Juegos y Sorteos. Para ello, el hoy exfuncionario fue escoltado por policías hasta la salida de su edificio en la calle de Versalles y con advertencias de que sería investigado.
La “expansión de horizontes” por parte de la red del “apóstol de la 4T” ha alcanzado al partido que llevó al presidente de la República al poder. A nombre del mismísimo Andrés Manuel López Obrador, los operadores ya mencionados de Ricardo Peralta se reunieron con varios personajes que aspiraron a conseguir la candidatura de Morena para gobernar sus respectivos estados, y cuyas gestiones, en algunos casos, no tuvieron resultados favorables.
Tanto Raúl Rocha como Alfredo Treviño eran los encargados de exigir a estos personajes el cobro de una cuota a cambio de asegurar el abanderamiento de su partido para competir en las elecciones del pasado 6 de junio del año pasado.
En las reuniones, los apóstoles del “apóstol” no sólo recaudaban los fondos, sino que dejaban en claro que el apoyo estaba condicionado a que una vez que obtuvieran el triunfo están obligados a conceder “el monopolio” de los casinos y el huachicoleo en las entidades que eventualmente gobernarían.
También les advertían que eran órdenes directas del senador Ricardo Monreal y del diputado Mario Delgado, para sufragar los gastos de campaña de este último a la presidencia nacional de Morena.
Raúl Rocha y Alfredo Treviño les avisaban a sus “clientes” que serían ellos quienes “manejarían” sus campañas y por tanto se harían cargo de la recolección de las “aportaciones”. Para avalar sus dichos, los operadores de Peralta presentaban al hijo del entonces director general de Comunicación Social de la SEGOB, Omar Cervantes, como “experto” en campañas electorales y comunicación.
El descaro de estos personajes fue tal, que hacían dichos ofrecimientos a dos o tres contendientes para el mismo cargo.
Entre los políticos extorsionados destacan por Baja California, María del Pilar Ávila, Fernando Castro Trenti y el ex alcalde de Tijuana, Arturo González, quién desde agosto de este del 2020 no sólo no aceptó el acuerdo, sino que denunció públicamente a Ricardo Peralta por amenazas.
En cambio, los aspirantes a gobernar Baja California Sur por Morena Víctor Manuel Castro Cossio y Rubén Muñoz sí aceptaron el trato. Por Campeche, tanto Layda Sansores como Renato Sales son quienes recibieron la propuesta y para Chihuahua y Colima Cruz Pérez Cuellar e Indira Vizcaíno, respectivamente.
Félix Salgado y Luis Walton, son quienes han recibido la propuesta para Guerrero, y se sumaron Cristóbal Arias y Germán Martínez en Michoacán; Miguel Ángel Navarro en Nayarit; Clara Luz Flores y Tatiana Clouthier por Nuevo León; Adrián Esper por San Luis Potosí; David Monreal en Zacatecas y Rubén Rocha en Sinaloa, quien , por cierto, viajaba seguido de Culiacán a la Ciudad de México en un avión privado propiedad de Raúl Rocha, para reunirse con Ricardo Peralta.
