Recomendamos: ¿Y la democracia qué?, por Ivonne Melgar

Foto: EFE

Después de la pandemia, nada será igual, advierten los pensadores, filósofos, politólogos. Porque desde todas las miradas del conocimiento nos recuerdan que estamos a prueba, no sólo en nuestro sistema inmunológico, sino, también, en las capacidades sociales para protegerlo.

Es ahí donde el examen que el COVID-19 nos aplica –como especie, como colectivo y como nación– habrá de calificar la fortaleza o debilidad de los Estados en el resguardo de la salud, por supuesto, pero también en la preservación de la democracia como instrumento para el reparto equitativo de los bienes públicos y la garantía de la representación de los ciudadanos en la toma de decisiones.

Por eso, como bien lo alertó este domingo el sociólogo francés Alain Touraine, en entrevista con El País, “esta crisis empujará hacia arriba la categoría de los cuidadores: no pueden seguir estando mal pagados”.

Y es que, como nunca antes, en este confinamiento y en la viralización del contagio, estamos visibilizando el valor de las enfermeras, de los médicos, de los laboratoristas y los radiólogos, de las abuelas que cuidan a los nietos, de las mujeres y de las jóvenes que reproducen el sustento cotidiano de las familias, del trabajo doméstico y de los servicios de limpia en las calles, del transporte público.

¿Invertimos como sociedad lo suficiente y lo justo para retribuir a los protagonistas del bienestar? ¿Basta con el Insabi y los cambios constitucionales de papel para atajar la desigualdad en el acceso a la atención médica?

Son preguntas que deberemos respondernos pasada la urgencia, la misma que hoy convierte en tema obligado el replanteamiento del cuidado a los otros, esa carga que, como sociedad, todavía nos negamos a compartir y que reclama del financiamiento del Estado a guarderías y escuelas con horario ampliado. Y de políticas públicas contra la violencia de género, porque esta coyuntura vino a subrayar las manifestaciones del machismo y de la misoginia que denunciamos el 8 y 9 de marzo pasado, evidenciando, además, graves omisiones del gobierno federal, como la aún pendiente liberación del presupuesto para los refugios de mujeres víctimas del infierno en el que se convierten sus hogares.

Por eso resultó alentador el diálogo que este miércoles sostuvieron diputadas del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva –Laura Rojas, presidenta de la Cámara, y las legisladoras feministas Martha Tagle, Lorena Villavicencio y Wendy Briceño, entre otras– con la titular del Inmujeres, Nadine Gasman, para reconocer que una de las lecciones de estos días de encierro es la necesidad de construir un sistema nacional de cuidados, estableciendo además que contar con éstos debe ser un derecho constitucional.

En contraste con los diálogos virtuales que la sana distancia impone en diversos planos de la sociedad mexicana, la formulación de las definiciones gubernamentales para afrontar la emergencia sanitaria sigue caracterizándose por la ausencia de escucha y de consensos.

Nadie desde el gabinete atendió a los científicos y académicos que han hecho públicas sus preocupaciones por la falta de interés en incrementar las pruebas de contagio, entre otros señalamientos.

Tampoco para los gobernadores de oposición que osaron actuar por su cuenta hubo hasta ahora una señal que abonara a favor del diálogo democrático que una nación federalista reclama.

Los periodistas e intelectuales que hacen su trabajo con preguntas y críticas al poder cuando éste incurre en excesos o faltas, como pasa en toda democracia, fueron etiquetados de carroñeros.

Y a juzgar por el tono desolador que ayer transmitía el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, al reseñar el encuentro del jueves con el presidente López Obrador, tampoco fueron escuchadas las ideas que la iniciativa privada expuso para afrontar las consecuencias económicas del COVID-19.

En un intento por romper el monólogo de Palacio Nacional, 28 destacadas personalidades enviaron anoche una carta al Presidente de la República para solicitarle “un replanteamiento profundo” del programa económico de 2020 y un acuerdo nacional para superar la crisis.

Firmado por Cuauhtémoc Cárdenas, Clara Jusidman, David Ibarra, Santiago Levy, Mario Luis Fuentes, Carlos Tello, algunos de ellos afectivamente cercanos al mandatario, el mensaje calificó como “indispensable” que bajo el liderazgo presidencial, diversos actores políticos y económicos, participen en el diseño de las soluciones.

La petición, en síntesis, es que exista una convocatoria al diálogo deliberativo, a la representación de los diversos intereses que ahora están en juego.

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