El breve encuentro que sostuvieron la madre de Joaquín El Chapo Guzmán y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el municipio de Badiraguato, el fin de semana pasado, provocó una intensa polémica que trascendió al mundo. El contexto lo explicaba: la amabilidad presidencial con la familia del criminal más famoso del mundo en Badiraguato, donde cualquiera que conozca esos rumbos sabe que no se entra, so pena de arriesgar la vida, salvo con la autorización de quien manda ahí, el Cártel del Pacífico.
El saludo de López Obrador a la señora, de gran fuerza óptica, ocultó lo importante: el contenido de una carta que le envió y sobre la cual dio acuse de recibo.
La carta revela que a petición de la madre, María Consuelo Loaera, le piden que intervenga ante el gobierno de Estados Unidos para buscar la repatriación de El Chapo Guzmán, el presidente de México instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a los secretarios de Relaciones Exteriores y Hacienda, Marcelo Ebrard y Arturo Herrera, y al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para reunirse con los abogados del criminal, quienes, según la misiva, les aportaron pruebas para demostrar que “había sido entregado ilegalmente” a las autoridades de ese país.
Cuatro miembros del gabinete, cubriendo todos los ángulos posibles, intercedieron ante el gobierno de Estados Unidos para ver la repatriación de Guzmán Loera, extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, y sentenciado en la Corte Federal del Distrito Sur, en Brooklyn, a cadena perpetua, culpable de 25 de los 27 delitos de los que lo acusaron. El Chapo se encuentra en la prisión Supermax en ADX Florence, en Colorado, el centro de máxima seguridad en Estados Unidos donde, metafóricamente hablando, se vive muerto.
No hay información actualizada sobre el rumbo de esas gestiones, pero sí sobre una diligencia aparentemente realizada por instrucciones de López Obrador, para que se le permitiera a la madre de El Chapo, por segunda vez, visitar a su hijo por razones humanitarias. La señora Loaera dice en su carta que le negaron ese permiso, a lo que en declaraciones a la prensa, el Presidente señaló que eso dependía de los responsables en su gobierno y de la Embajada de Estados Unidos.
La carta revela además que los cuatro miembros del gabinete –porque no hubo desmentido o precisión al respecto–, recibieron a los abogados de El Chapo, José Luis González Meza y Juan Pablo Badillo, quienes les detallaron las razones por las cuales querían que fuera repatriado. Aunque no se precisa, si argumentan que la extradición fue “ilegal”, entonces por una violación al debido proceso tendría que reponerse toda la gestión.
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