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Nacional

Dominga Villada, indígena otomí del pueblo mexicano de Xochicuautla, saca de los escombros unas hojas de estafiate, la planta con sabor amargo que crece en su tierra de manera natural y que emplea en algunos rituales. Aplastada por algunos restos de cemento asoma la jara, con la que bañan a las "muchachitas" que acaban de parir. En el camino hacia el bosque recolectan los hongos que consumen y venden en la capital del país, a unos 70 kilómetros. Y cada pocos metros, una cruz. Desde lo más alto, unas señoras de rostro duro controlan que se respete la única construcción que las máquinas no han derribado todavía: una pequeña y humilde capilla. Todo lo demás se encuentra arrasado. Sobre las montañas a las que los peregrinos indígenas conocen como Santuario del agua van a construir una autopista privada.


En 2007 la constructora del Grupo Higa —cuyo propietario, Juan Hinojosa, está involucrado en el escándalo de losPapeles de Panamá y la empresa fue señalada por la construcción de la polémica Casa Blanca de la primera dama de México, Angélica Rivera— consiguió la concesión para la obra de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan. En julio del año pasado se decretó la expropiación de 38 hectáreas del pueblo de Xochicuautla para tal fin. Pero los vecinos aseguran que nunca se consultó al Consejo Supremo Indígena, como marca la ley que se debe hacer para respetar los usos y costumbres de estos pueblos. Añaden que los desalojados no han recibido ningún tipo de indemnización. Y, sobre todo, que las obras fueron suspendidas por un juez de distrito el pasado mes de febrero después de los amparos presentados. Pese a todo, el lunes pasado las máquinas entraron apoyadas por más de 300 policías federales para allanar el terreno. Los vecinos aseguran que no tenían ningún tipo de orden judicial para tocar sus propiedades.

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